La Comisión Especial Multipartidaria encargada de la Evaluación de la Problemática de los Pueblos Indígenas aprobó ayer martes 26 de mayo un informe que consagra el derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas, es decir, la consulta a esas comunidades antes de adoptarse una decisión de carácter legislativo o administrativo.
La decisión fue adoptada por unanimidad, aunque cabe precisar que dos parlametarios abandonaron la sala en que se realizaba la sesión.
El documento, fruto del trabajo realizado por la comisión desde hace un año, fue sancionado con el voto a favor de la presidenta de la comisión, Gloria Ramos Prudencio (NoA), Juan Pérry Cruz (AP), Elizabeth León Minaya (BP), Hilaria Supa Huamán y María Sumire de Conde (GPN). Minutos antes de la votación se retiraron de la sala los legisladores Gabriela Pérez del Solar Cuculiza (UN) y José Macedo Sánchez (PAP), en señal de disconformidad.
El informe fue aprobado después de una exposición efectuada por Alicia Abanto Cabanillas, jefa del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo. La disertación de la funcionaria dio lugar a un interesante intercambio de ideas entre los parlamentarios.
Entre las conclusiones del informe se menciona que la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas deberá estar basada en procesos de diálogo intercultural que respeten los principios de igualdad, dignidad, equidad y respeto a la autonomía que la Constitución Política garantiza a las comunidades campesinas y nativas, como parte de los pueblos indígenas u originarios del Perú, así como el derecho que tienen esos pueblos a decidir sobre sus prioridades y su modelo de desarrollo social.
La Consulta Previa está contenida en el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El informe indica que debe hacerse efectiva en el Perú. Su finalidad, añade, es, alternativamente, lograr el consentimiento libre e informado de los pueblos indígenas sobre la medida por tomar , cuyos acuerdos deberán cumplirse. Sin embargo, la consulta no otorga a los pueblos indígenas el derecho a vetar las decisiones del Estado.
El informe contiene una serie de recomendaciones tanto al Congreso de la República como al Poder Ejecutivo y a los Gobiernos Regionales y Locales a fin de llevar a los mejores resultados posibles el mecanismo y principio de la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas.