CUSCO. Las comunidades cercanas a los yacimientos de gas en el distrito de Megantoni (La Convención) no solo insistirán en la renegociación del gas de Camisea, también pedirán que se realicen nuevas consultas previas.
Agilio Semperi, presidente del Consejo Machiguenga del Río Urubamba (Comaru), sostuvo que solicitarán al gobierno del presidente Pedro Castillo que los escuchen cuando inicien las conversaciones con el Consorcio que explota el gas. Dijo que ya cursaron algunas cartas al Ejecutivo elevando la petición
“Nuestros padres negociaron y los han engañado. Después de 17 años, nosotros sufrimos los impactos ambientales, queremos nuevas consultas para las comunidades cercanas a los lotes 88, 58 y 56″, dijo el dirigente.
Serían alrededor de 15 mil pobladores en 48 comunidades que requieren ser escuchadas por el consorcio.
Daños no resarcidos
“Son muchos derrames y daños que se han denunciado internacionalmente, pero siguen en curso. No hubo resarcimientos”, enfatizó. El dirigente asegura que el río Urubamba está contaminado. La causa aún no ha sido identificada técnicamente, pero ellos intuyen que las actividades de explotación tendrían relación.
La falta de centros de salud y los indicadores de desnutrición castigan a las comunidades. Según Semperi, los recursos que genera el consorcio Camisea no ha resuelto los problemas. “Esa plata va al gobierno regional, a las municipalidades, pero que hay de las comunidades, nada”, argumentó.
Las comunidades esperan que la renegociación del gas de Camisea aborde esos temas.
Según Arturo Vásquez, director de investigación de Gerens, la región Cusco recibió por concepto de canon gasífero del proyecto Camisea un total de 1,040 millones de soles el año pasado. El especialista enfatizó que el país recauda el 65% sobre el total de las rentas que genera el yacimiento de Camisea, dejando solo el 35% al operador. Sin embargo, estos recursos parecen no traducirse en mejores condiciones de vida de las comunidades.
La paradoja del gas en Camisea
El dirigente de Comaru sostuvo que otra de sus exigencias es la reducción en el precio del balón de GLP (Gas Licuado de Petróleo). En las comunidades nativas, un balón de 10 kilogramos cuesta entre s/90 y s/120. “Vemos como sale el gas, pero cuando vuelve en balones no lo podemos comprar. Eso nos duele”, subrayó.
Fuente: La República