CHUMBIVILCAS. En cumplimiento de su comunicado oficial, la mañana del domingo 29 de agosto, el Premier Guido Bellido llegó hasta los territorios de la provincia cusqueña de Chumbivilcas para formar parte de la Mesa de Diálogo que busca atender las demandas y exigencias de todas las comunidades afectadas por el uso del Corredor minero del Sur.
Uno de los acuerdos de este espacio de diálogo, fue la instalación del Grupo de Trabajo que abordará la problemática ambiental y social de las comunidades campesinas de Chumbivilcas. En dicha reunión, también participaron el Ministro de Energía y Minas, Iván Merino Aguirre; el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres; el Ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas.
Además, también participó el viceministro de Gestión Ambiental, Mariano Castro, quien reafirmó el compromiso del sector y que el gobierno está comprometido a hacer respetar la normativa ambiental, especialmente de las acciones de supervisión y fiscalización del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
Grupos de trabajo
Como se recuerda, el 27 de agosto, el gobierno tomó la decisión, mediante la Resolución de Secretaría de Gestión Social y Diálogo n.º 0011-2021-PCM / SGSD, de crear el “Grupo de Trabajo de naturaleza temporal para proponer acciones que permitan atender las principales demandas de las Comunidades Campesinas del Corredor Vial Sur de la provincia de Chumbivilcas, del departamento de Cusco”, el cual fue instalado oficialmente en la mesa de diálogo en mención.
Este grupo será presidido por el titular de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y lo integrarán representantes de los ministerios de Transportes, Ambiente, Energía y Minas, y Justicia, así como el presidente de cada comunidad de Chumbivilcas, quienes se encargarán de coordinar, analizar y articular propuestas de solución y trabajar en red con entidades públicas y otros actores la programación de las acciones para el cumplimiento de estos objetivos.
Este grupo, recibirá la asistencia de una mesa técnica presidida por el secretario de Descentralización de la PCM, e integrada por el secretario de Gestión Social y Diálogo de la PCM y un representante de los ministerios de Energía y Minas, Desarrollo Agrario y Riego, Ambiente, Transportes, la alcaldía provincial, municipios distritales, comunidades campesinas y Frente Único de Defensa de los Intereses de la Provincia de Chumbivilcas. La mesa técnica desplegará su trabajo a partir de la elaboración de una agenda territorial.
Cabe señalar, que el grupo de trabajo en mención está conformado por cuatro subgrupos: El primer Subgrupo se dedicará a analizar la nulidad de la RM 372-2018-MTC. Este grupo de trabajo es uno de los más importantes, porque ha sido la causa de las movilizaciones de los últimos años en el Corredor minero del sur, puesto que el Gobierno autorizó crear una ruta nacional en sus territorios sin ninguna consulta previa.
El segundo subgrupo se dedicará a evaluar las afectaciones ambientales y a analizar las posibles compensaciones e indemnizaciones de las comunidades. El subgrupo número tres, será el responsable de promover que las comunidades tengan la posibilidad de convertirse en proveedores de bienes y servicios e integrar a la cadena de valor de la empresa minera MMG Las Bambas. Finalmente, el subgrupo número cuatro, será el responsable de recoger las situaciones de criminalización de la protesta, procesos judiciales contra dirigentes y afectaciones a los derechos humanos en contexto de conflictos sociales.
Las comunidades tienen plazo para acreditar formalmente a sus delegados ante la Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo hasta el 31 de agosto, y desde el 09 de setiembre cada subgrupo empezará a reunirse
¿Qué demandan las comunidades?
Las demandas de las comunidades no son recientes. Desde hace varios meses han intentado abrir el diálogo con los gobiernos. Uno de los puntos principales de su agenda de reclamos es la nulidad de la R. M. N° 372-2018-MTC, publicada el 25 de mayo de 2018, la cual consiste en la reclasificación de manera definitiva como Ruta Nacional diversas vías de Apurímac y Cusco, logrando que vehículos que trasladan minerales pasen por sus territorios sin ningún consentimiento comunal previo.
Las comunidades cuestionan que esta medida está vulnerando derechos legítimos como el derecho a la consulta previa, pues nunca se les informó sobre esta decisión; el derecho a la propiedad, derecho a la identidad cultural, derecho a la salud y derecho a disfrutar de un medio ambiente equilibrado y adecuado a la vida. Este último punto, debido a que en la vía del corredor minero transitan mínimamente 500 vehículos al día.
Debido a las afectaciones, las comunidades también exigen una compensación e indemnización por los daños y perjuicios ambientales, asimismo el pago de los derechos de servidumbre minera. Además solicitan ser considerados como proveedores de bienes y servicios de la empresa minera y el contrato de concesión minera.
Hay muchas comunidades que no están consideradas como zonas de influencia directa dentro del Estudio de Impacto Ambiental, por ello exigen la Inclusión como área de influencia directa ambiental y social de todas las comunidades del corredor.
Fuente: Conflictos mineros