PIURA. Desde el pasado 16 de agosto, pobladores de diversas localidades de la provincia de Ayabaca vienen realizando acciones de protesta, bloqueando las principales vías de acceso a dicha ciudad y exigiendo la culminación de diversas obras públicas. El 18 de agosto, se buscó instaurar un proceso de diálogo; sin embargo, no prosperó debido al requerimiento de los manifestantes para que autoridades regionales y nacionales participen. Frente a ello, la Defensoría del Pueblo señaló lo siguiente:
- Manifestamos nuestra preocupación respecto del pleno goce de derechos fundamentales de pobladoras/es de Ayabaca, especialmente la vida, la salud, el agua potable y la transitabilidad, que se estarían viendo afectados por los múltiples inconvenientes en la ejecución de obras públicas a cargo del Gobierno Regional de Piura y el gobierno municipal.
- Instamos a los diversos actores involucrados a concretar, en el inmediato plazo, un proceso de diálogo para la atención de la presente problemática, y disipar la situación de tensión y conflictividad social, en un marco de colaboración, respeto y buena fe.
- Invocamos a las autoridades y dirigentes comunales a expresar un claro mensaje en relación al diálogo y al sentido con el que se debe conducir. Consideramos que dicho sentido es el de diseñar de manera conjunta un procedimiento que les permita a las partes la búsqueda de acuerdos sobre la base de acciones transparentes y participativas de cargo de las autoridades, permitiendo a la ciudadanía contar con información sobre el estado actual de las obras requeridas y las medidas adoptadas para lograr soluciones técnicas, jurídicas y/o presupuestales que coadyuven a resolver la presente problemática.
- Exhortamos a la población, dirigentes e integrantes de las organizaciones comunales de la provincia de Ayabaca a que se conduzcan dentro de los canales constitucionales y democráticos, en irrestricto respeto de los derechos fundamentales de la persona y la comunidad. El ordenamiento jurídico peruano reconoce el derecho a la protesta social, sin embargo, debe encausarse dentro del marco de la legalidad y el rechazo del uso de cualquier tipo de violencia.
- Recordamos a la Policía Nacional del Perú que, en el restablecimiento del orden interno, los derechos de las personas deben ser respetados, y que el uso de la fuerza deberá ser, en todo momento, legal, necesario y proporcional.
- La Defensoría del Pueblo, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, ha requerido información respecto de la situación de las obras públicas en cuestión, con el fin de conocer si las acciones u omisiones de la administración pública vienen generando riesgo o afectación de los derechos fundamentales.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo en su condición de órgano constitucional autónomo, manifiesta su disposición a colaborar para conseguir una salida pacífica a este conflicto.