La pandemia lo ha cambiado todo, dice Ángel Pedro Valerio, líder de la Central Asháninka del Río Ene (CARE). En estos 16 meses de emergencia sanitaria, el líder indígena ha experimentado el aislamiento, el ingreso de extraños a sus tierras y la disminución de los operativos contra el narcotráfico, en la región Junín. “A diferencia de otros años, ya no han venido militares a erradicar las plantaciones de hoja de coca. Se han incrementado los colonos [foráneos no indígenas] que invaden nuestros territorios y nos amenazan”, dice por teléfono a OjoPúblico.
El apu añade que, además, desde el Congreso se pretendió crear el distrito del Río Ene. Una iniciativa que, desde su punto de vista, solo alienta la invasión de tierras y la expansión de actividades ilegales, como el tráfico ilícito de drogas. Las palabras del líder asháninka coinciden con un informe de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca (Ondcp, por sus siglas en inglés), publicado el 25 de junio pasado.
El documento señala que, durante el 2020, el cultivo de hoja de coca alcanzó las 88.200 hectáreas en nuestro país, lo que representa un crecimiento del 22,5 % respecto al 2019. Asimismo, según ese reporte, se pasó de producir 649 toneladas métricas de cocaína a 810 toneladas, en el mismo periodo.
Entre las razones de este incremento, indica la Ondcp, destaca la pandemia. Por un lado, el SARS-CoV-2 impidió que el gobierno continúe sus programas de desarrollo alternativo, la construcción de infraestructura de transporte y seguridad en las cuencas cocaleras. Y por otro, “hubo una pausa (…) en los esfuerzos de erradicación en 2020 debido a las restricciones de cuarentena por la Covid-19”, señala el organismo internacional.
Una de las zonas que registró mayor crecimiento en los cultivos de hoja de coca fue Vizcatán del Ene (provincia de Satipo, región Junín), explica Pedro Yaranga, experto en temas de seguridad pública. En ese lugar, agrega, la facción narcoterrorista de Víctor Quispe Palomino José otorga seguridad a los narcotraficantes, a cambio de dinero. Según Yaranga, los narcoterroristas brindan protección “en el traslado de la droga, el cuidado de las pozas de maceración, el resguardo de las pistas de aterrizaje y el ingreso de insumos químicos, para la elaboración de la pasta básica de cocaína y clorhidrato de cocaína”.
No obstante, el especialista considera que la expansión de los cultivos no está relacionada únicamente con la pandemia. “Comenzó hace cinco años y, hasta el momento, no hay una actualización del monitoreo de áreas cultivadas en el Perú”, dice. En otras palabras, cuestiona que la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas (Devida), encargada de la erradicación de cultivos ilegales de coca, aún no ha hecho público su reporte del 2020.
Al ser consultado sobre el tema, Rubén Vargas, quien se desempeñó como presidente ejecutivo de Devida hasta noviembre del 2020, dijo que pronto publicarán el informe, cuya elaboración comenzó en su gestión. También admitió que el Vraem sigue siendo la principal zona productora de hoja de coca a nivel nacional. “[Por eso,] debe ser considerada como un eje central en la lucha antidrogas”, sostuvo. El exfuncionario reconoció, además, que tenían previsto erradicar 25 mil hectáreas de hoja de coca durante el 2020, pero no se alcanzó ni el 25% de esta meta. “Los trabajadores que se dedicaban a la erradicación de hoja de coca se contagiaron con la Covid-19”, explicó.
Aunque el Vraem concentra la mayor cantidad de estos cultivos desde el 2010, el programa de erradicación no lo contempló durante el año pasado, según Vargas. En su lugar, se priorizó a las regiones de Ucayali y San Martín. “Allí [en el Vraem] se enfocó la lucha contra el terrorismo. El próximo gobierno debe trabajar de manera integral y fortalecer las actividades con la DEA (Administración de Control de Drogas) y Usaid (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional), organizaciones internacionales que luchan contra el avance del narcotráfico”, precisó.
El último informe de Devida, que cuenta con el respaldo de la Oficina de las Naciones Unidas Contra La Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés), señala que, durante el 2019, se reportaron 54.655 hectáreas de cultivo de hoja de coca en todo el Perú. El 48 % de ese total, es decir 26.234 hectáreas, se encontraban en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), un área que sigue siendo la principal cuenca cocalera del país. La segunda cuenca más importante de este cultivo, por otro lado, es La Convención-Lares, en Cusco, con 16 %; y la tercera, Inambari-Tambopata, en Madre de Dios, con 11 %.
“Yo pensé que el Vraem ya había llegado a su límite, pero no. En el Vraem no hay 23 mil o 24 mil hectáreas, como dice el informe de Devida. Esa cifra la mencionó el exministro [Carlos] Morán, cuando anunció la erradicación, en 2019. Yo creo que allí [en el Vraem] existen más de 35 mil hectáreas fácilmente”, dijo Yaranga.
Este mes, el gobierno peruano publicó el documento “Política Nacional contra las drogas al 2030”, que marca la hoja de ruta que debe seguir el Estado en la lucha contra este problema. En la parte del diagnóstico señala que la producción de hoja de coca se concentra en localidades con una alta brecha de infraestructura y de servicios públicos, como agua potable y saneamiento; además de déficit en el acceso a la salud y a la educación.
“Según el Mapa de Pobreza del año 2018 se identifica que las zonas de producción ilícita de drogas tienen un alto nivel de pobreza —superior a la media nacional—, donde el Vraem es una de las más afectadas”, indica el documento oficial.
De acuerdo con el Decreto Supremo 112-2017-PCM, el Vraem está conformado por 69 distritos de nueve provincias, ubicadas en cinco departamentos (Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica y Junín). Cuarenta de ellos se encuentran en Estado de Emergencia hasta el 15 de agosto.
En este área se localizan los 12 distritos con mayor producción cocalera, según el último informe de Devida: Llochegua, Samugari, Sivia, Canayre y Santa Rosa (Ayacucho), Pichari, Quellouno, Yanatile, Echarate y Kimbiri (Cusco), Río Tambo y Vizcatán del Ene (Junín). Se trata de una zona marcada históricamente por la violencia y que, en la actualidad, se encuentra dominada por la facción narcoterrorista de Víctor Quispe Palomino, así como por personas armadas vinculadas al tráfico de drogas.
En las recientes elecciones, Pedro Castillo, de Perú Libre, ganó con amplios márgenes en 68 de los 69 distritos que conforman el valle. En Vizcatán del Ene —distrito donde fueron asesinadas 16 personas en mayo pasado—, por ejemplo, el presidente electo obtuvo el respaldo del 95 % de los habitantes. La única excepción fue Río Tambo (Junín), donde el 58 % de los votantes eligió a la candidata Keiko Fujimori.
El alcalde del distrito Vizcatán del Ene, Alejandro Atao, dijo a OjoPúblico que la población quiere un cambio urgente. “Tenemos muchas necesidades en salud, educación, carreteras. Después de lo que ocurrió el día 23 [de mayo, el asesinato de 16 personas] todo el personal del puesto de salud renunció, por miedo. No tenemos buenas carreteras y hay mucha pobreza”, dijo la autoridad.
El narcotráfico acorrala a los pueblos indígenas
Según la “Política Nacional contra las Drogas al 2030”, la expansión de los cultivos ilícitos de hoja de coca también alcanza a las comunidades indígenas. Entre 2016 y 2017, la Unodc identificó que 132 comunidades indígenas fueron afectadas por los cultivos ilícitos. “Al 2017 se registra una extensión de 3.368 ha. con cultivos ilícitos de coca en los territorios de pueblos indígenas u originarios asháninka (1.521,79 ha), kichwa (719,02 ha) y ticuna (300,82 ha)”, se lee en el documento.
Al respecto, el líder de la Central Asháninka del Río Tambo (CART), Fabian Antúnez, contó a OjoPúblico que durante la pandemia los cultivos ilegales de hoja de coca se incrementaron en los límites entre la región Junín y Ucayali, exactamente en las comunidades de Boca Chembo, Nueva Jerusalén, Buenos Aires y la comunidad de Mayapo. Allí, los indígenas asháninkas han detectado, además, pistas clandestinas que sirven para trasladar la droga producida en el Vraem.
Al igual que el apu Pedro Valerio, Antúnez reconoció haber recibido amenazas de muerte por oponerse a la siembra ilegal de hoja de coca, insumo utilizado para producir cocaína. “Me han amenazado mediante llamadas telefónicas, mensajes en redes sociales. En varias oportunidades me han contactado personas vinculadas a los cocaleros para ofrecerme entre USD 50.000 y USD 100.000, obras para las comunidades a cambio de permitir el arribo de avionetas y la siembra de hoja de coca”, contó a este medio.
En todas las ocasiones, explica el jefe del CART, se negó. “La presencia de estas personas foráneas solo ocasiona violencia, terror y zozobra en nuestras comunidades [indígenas]”, cuenta. La Central Asháninka de Río Tambo está conformada por 48 comunidades indígenas, cuyo territorio abarca desde Alto Montaña hasta Villa Junín; y colinda con las regiones de Cusco y Ucayali.
Antúnez calcula que el 5 % del total de las comunidades ha sido afectada por la siembra ilegal en los últimos años. No obstante, lo que más le preocupa es que haya jóvenes que, por sus condiciones de pobreza, sirvan al narcotráfico para conseguir ingresos económicos.
Otra de las regiones donde se incrementó el cultivo es Ayacucho. Allí, Reina Barboza, presidenta de la Organización Asháninka del Río Apurímac (OARA), alertó que cada vez son más las comunidades asháninkas y machiguengas acechadas por el narcotráfico. “Esto hace peligrar la vida de nuestros hermanos. Los colonos engañan a los hermanos y se adueñan de sus terrenos para plantar hojas de coca. Queremos que los ministerios actúen”, reclamó.
El fiscal José Malaverry Pinche, de la Fiscalía Provincial de Delitos de Tráfico de Drogas de la Selva Central, confirmó a este medio que la mayor cantidad de operativos antidrogas realizados en 2020 se concentraron en Río Tambo, Puerto Ene, Puerto Ocopa (Junín), Pichis Palcazú, Oxapampa e Iscozacin (Pasco). Es decir, en la zona del Vraem donde se localizan comunidades indígenas asháninkas de la selva central.
Malaverry Pinche detalló, asimismo, que su despacho ha detectado seis firmas de narcotraficantes que trabajan en el lugar. Según su tesis, la droga es llevada hacia puntos de acopio en Atalaya (región Ucayali), donde existen alrededor de 40 pistas clandestinas, que son utilizadas para trasladar la droga hacia Bolivia.
Más allá de la reconversión de cultivos
El estudio “Erradicación en suspenso: la dimensión simbólica de la pacificación negociada en el Vraem”, elaborado por los investigadores Maritza Paredes y Álvaro Pastor, indica que el planteamiento gubernamental de erradicación de cultivos ilícitos de coca no ha sido efectivo. “La estrategia emprendida desde fines de los setenta ha conseguido, más bien, la criminalización sobre los agricultores”, señala el documento.
Otra de las conclusiones de esta investigación es que “desde el 2002, en el Vraem las hectáreas erradicadas no llegan al uno por ciento de la extensión cultivada”. Una de las razones de esos pobres resultados, según los investigadores, es que los intentos de erradicación de cultivos de coca han sido frenados por la Federación de Agricultores Agropecuarios (Fepavrae) y los Comité de Autodefensa (CAD).
Ambas instituciones han detenido la erradicación de hoja de coca “con recursos de movilización colectiva, como paros, protestas, la elaboración de propuestas técnicas, y negociaciones con autoridades del nivel central”, señala el estudio.
La erradicación de cultivos es uno de los elementos centrales de la lucha contra las drogas del gobierno peruano. Así está establecido en el documento “Política Nacional contra las Drogas al 2030”, que también resalta la importancia del desarrollo alternativo integral y sostenible. Por eso, destaca, uno de los objetivos es incrementar el presupuesto para ambas actividades.
El líder indígena Fabian Antúnez también destaca el potencial de las propuestas de desarrollo alternativo. “La presencia del Estado es poco notoria en las zonas del Vraem. No deben ejecutarse solo programas sociales, sino también generar conocimientos para emprender nuestros propios negocios”, recomienda.
La persistencia de estos cultivos en el Vraem se explica, según el fiscal José Malaverry, desde el lado económico. “Mientras un kilo de hoja de coca utilizada con fines tradicionales cuesta un sol, los narcotraficantes ofrecen por ella, a los cocaleros, cuatro o cinco soles más”, sostuvo. En ese sentido, el fiscal considera que el Estado debe buscar cultivos alternativos, que puedan ser industrializados y sean igual o más rentables que las actividades ilícitas.
Para Jaime Antezana, experto en narcotráfico, la política antidrogas del próximo gobierno debe incluir tres ejes claves: un efectivo sistema contra el lavado de activos, que articule a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Ministerio Público, la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y la Policía.
Un segundo elemento debe ser la implementación de un mecanismo de control aéreo, para interceptar los narcovuelos hacia Bolivia y Brasil. El tercer eje, por último, es la construcción de una lista negra de capos de la droga, que incluya a los líderes de organizaciones criminales y no solo a los jefes intermedios o de bajo rango. “Debe ser un sistema para luchar contra el gran crimen organizado y las grandes firmas del narcotráfico”, precisó.
Fuente: Ralph Zapata y Yoselin Alfaro / Ojo Público.