AMAZONÍA. Más de dos millones de hectáreas de bosques de la Amazonía de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú se perdieron entre 2017 y 2020. En este periodo de tiempo, se redujeron en un promedio de medio millón de hectáreas por año.
Estas cifras forman parte del nuevo reporte del Proyecto Monitoreo en la Amazonía Andina (MAAP) que evalúa el impacto de la deforestación en estos países y con una mirada puesta en áreas naturales protegidas y territorios indígenas.
Estas cifras forman parte del nuevo reporte del Proyecto Monitoreo en la Amazonía Andina (MAAP) que evalúa el impacto de la deforestación en estos países y con una mirada puesta en áreas naturales protegidas y territorios indígenas.
Los resultados muestran que entre el 2017 y 2019, antes de la pandemia, las áreas protegidas tuvieron las tasas más bajas de pérdida de bosque primario en los cuatro países amazónicos del estudio; mientras que en territorios indígenas la tasa de deforestación fue ligeramente más alta en esos años. Para el 2020, esta tendencia se invirtió, siendo las áreas protegidas las más afectadas.
«Los últimos cuatro años son un buen marco de tiempo para ver tendencias y patrones recientes, en lugar de solo mirar el último año», señala Matt Finer, director del MAAP.
Según información de MAAP, en el 2017, los cuatros países perdieron un total de 555 139 hectáreas de bosque; para el 2018 la cifra bajó a 438 295 hectáreas; para el 2019 la deforestación volvió a subir hasta 484 281 hectáreas; y en el 2020 la cifra se disparó muy por encima de los registros de años anteriores llegando hasta alcanzar las 588 191 hectáreas perdidas.
Un dato a considerar, es que si bien la deforestación afectó a áreas protegidas y tierras indígenas de los cuatro países que forman parte del reporte, estos espacios concentraron el 24 % de la pérdida, es decir, 499 mil hectáreas. El 76 % restante se concentró en espacios sin protección de la cuenca amazónica, con una cifra que bordeó las 1.6 millones de hectáreas.
El análisis muestra que Bolivia fue el país más afectado con la deforestación dentro de áreas protegidas y Perú dentro de territorios indígenas. La pérdida de superficie boscosa en Colombia y Ecuador se registró sobre todo en bosques primarios sin protección de la Amazonía.
«La deforestación continúa amenazando los bosques primarios de la Amazonía, y los espacios clave para la conservación [áreas protegidas y territorios indígenas] son la mayor esperanza, a largo plazo, de que los bosques queden intactos», agrega Finer.
El impacto en las áreas naturales protegidas
El análisis de MAAP muestra cómo, durante los últimos cuatro años, los niveles de deforestación fueron variando tanto en áreas naturales protegidas como en territorios indígenas.
En Bolivia, por ejemplo, el 2020 ha sido fatal para las áreas protegidas. Según el informe de MAAP, estos espacios naturales pasaron a ocupar el primer lugar en cuanto a territorio deforestado, debido, principalmente, a los grandes incendios en el departamento de Santa Cruz que afectaron grandes áreas protegidas como el Parque Nacional Noel Kempff Mercado.
Un informe de la Fundación Amigos de la Naturaleza también indica que el Área Natural de Manejo Integrado San Matías y el Parque Nacional Otuquis perdieron más de cien mil hectáreas por los incendios de 2020.
Pablo Villegas, responsable de investigación del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), menciona que además de la pérdida de bosque hay que tomar en cuenta la crisis que este año enfrentan las áreas protegidas luego de la ola de despidos, de fines de 2020, de una gran cantidad de directores y personal que trabajaba en estas zonas de conservación.
«Prácticamente se ha producido un asalto a las áreas protegidas. Han cambiado varios planes de manejo, por ejemplo en la Reserva Nacional de flora y fauna de Tariquía y en el Parque Nacional Carrasco han cambiado el nivel de protección de estas áreas para permitir el ingreso de actividades extractivas», comenta Villegas.
Perú y Ecuador fueron los países en las que la deforestación en sus áreas protegidas fue menor. El abogado César Ipenza, experto en temas ambientales, señala que el trabajo en las áreas protegidas en Perú es de larga data. “Antes de la creación del Inrena [El Instituto Nacional de Recursos Naturales que precedió al Ministerio del Ambiente] no teníamos guardaparques pagados por el estado sino por organizaciones civiles dedicadas a la conservación. Todo este cambio surge desde la creación del Inrena y luego del Ministerio del Ambiente, que ha resultado en una serie de mejoras para las áreas protegidas”.
Con relación a Ecuador, Bolier Torres, especialista de la Universidad Estatal Amazónica, señala que en las últimas décadas, el Estado ha implementado estrategias, como el programa Socio bosque, orientadas a disminuir la deforestación. «Esto es parte de los resultados», precisa.
Torres precisa que Ecuador, al ser país muy pequeño en territorio, facilita la movilización al sistema de monitoreo, además que alrededor del 80% de las áreas protegidas cuentan con planes de manejo.
«Si a esto le sumamos que cerca del 75% del área del sistema nacional de áreas protegidas se encuentra en la Amazonía ecuatoriana que, además, se intersectan con territorios indígenas que manejan estrategias de vida de subsistencia, esto hace que las áreas protegidas tengan tasas de deforestación muy bajas», agrega.
¿Qué pasó en los territorios indígenas?
Perú es el país en el que los territorios indígenas han sido los más afectados en estos cuatro años. Según el análisis de MAAP, «la pérdida de bosque primario en los territorios indígenas, tanto para comunidades nativas tituladas como para reservas indígenas de pueblos en aislamiento voluntario, ha sido sorprendentemente alta”, indica el informe.
Un dato adicional es lo ocurrido en 2020, año en el que «la elevada pérdida de bosque primario se concentró en varias comunidades nativas tituladas en las regiones de Amazonas, Ucayali, Huánuco y Junín”, agrega el reporte de MAAP.
“Parte de esa confluencia de departamentos de Ucayali, Pasco, Huánuco y hasta Junín tiene un alto índice de deforestación por causa del narcotráfico, es decir, de los cultivos ilícitos. Se podría pensar que la pandemia hizo que esto se detuviese, pero ha sucedido todo lo contrario, los niveles de deforestación se han incrementado, y si se ve el incremento del narcotráfico, la respuesta está ahí”, señala el abogado César Ipenza, especialista en temas ambientales.
Entre abril de 2020 y junio de 2021, siete líderes indígenas fueron asesinados en la zona de frontera de las regiones de Ucayali, Pasco y Huánuco, territorio donde el avance de los cultivos ilegales de coca se mezcla con las amenazas y asesinatos de las comunidades nativas que resisten las presiones de la ilegalidad. “Si contrastas estas zonas con la muerte de líderes indigenas, ahí tenemos la respuesta. Quienes se oponen a esta actividad terminan siendo amenazados o asesinados cuando se enfrentan a estas mafias criminales”, agrega Ipenza.
El informe de MAAP precisa que si bien la deforestación en Perú para estos cuatro años fue baja en las reservas indígenas al igual que en las áreas naturales protegidas, la pérdida de bosque en las comunidades nativas tituladas fue considerablemente mayor en los cuatro años.
El reporte de MAAP añade, además, que en estos cuatro años la deforestación ha sido mayor en los bosques de producción permanente, fuera de las áreas protegidas y los territorios indígenas. “En general hay una tendencia a la deforestación. En los últimos años fue hacia 160 mil hectáreas y en 2020 fue 190 mil. Para mi los grandes motores de la deforestación son los monocultivos y los cultivos ilícitos”, manifiesta Ipenza.
En Bolivia, el monitoreo de MAAP indica que los territorios indígenas tuvieron las tasas más bajas de pérdida de bosque primario, siendo el 2019 la única excepción, por los grandes incendios en el departamento de Santa Cruz.
De los cuatro países analizados, Ecuador presentó las tasas más bajas de pérdida de bosque primario en áreas protegidas y también en territorios indígenas, así como en las áreas fuera de estos lugares, según el reporte de MAAP.
«En general la tendencia ha sido una disminución en la tasa de deforestación anual», señala Torres de la Universidad Estatal Amazónica de Ecuador.
El experto señala que en los últimos 28 años Ecuador ha perdido un poco más de 2 millones de hectáreas de bosques, pero las tasas de deforestación han disminuido progresivamente.
El caso de Colombia ha sido diferente, en este país la mayor pérdida de bosques primarios se ha dado fuera de la áreas protegidas y de territorios indígenas.
Rodrigo Botero, director en Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), señala que la deforestación en territorios indígenas en la región amazónica de Colombia es menor que en otras zonas porque se trata de áreas alejadas de la colonización que además tienen límites con reservas forestales y áreas naturales protegidas. «Hay un tema de distancia y de protección por tanto la deforestación no llega a estos resguardos indígenas».
Sin embargo, explica que hay una excepción en los resguardos indígenas que se encuentran en el borde de la colonización, pues estos «sí se encuentran gravemente afectados».
Botero indica que resguardos como el de Nukak, de casi un millón de hectáreas con pueblos indígenas en aislamiento, o el resguardo Yaguará no solo presentan tasas más altas de deforestación sino también de transformación de sus ecosistemas en vías, cultivos de coca, gran ganadería y espacios de especulación de tierras. «Una gravísima afectación territorial y cultural en áreas especificas”.
El director de FCDS agrega que los datos de esta fundación también indican que existe una tendencia marcada en concentrar la deforestación fuera de las áreas protegidas y territorios indígenas, es decir, «en las tierras baldías del Estado que deberían ser destinadas a las poblaciones vulnerables».
Botero agrega que en Colombia esté ocurriendo «uno de los fenómenos mas importantes de apropiación y concentración de tierras de la cuenca amazónica continental», debido, indica, a la incapacidad del Estado de administrar las tierras públicas y de una falta de política de acceso a la tierra. «Hay grandes intereses económicos detrás de la apropiación de tierras a gran escala. Esto va a la par de la densidad vial y crecimiento vertiginoso del ato ganadero», concluye.
Fuente: Mongabay