LIMA. Los integrantes del Observatorio de Conflictos Mineros (OCM) recomiendan cambios en la política tributaria minera como el impuesto a las sobreganancias mineras, volver al esquema de regalía sobre ventas y revisar los beneficios tributarios al sector minero. Propuestas que toman en cuenta el impacto de la pandemia en la economía y la baja recaudación fiscal.
Estas y otras propuestas se expondrán el próximo miércoles 21 como parte de la presentación del reporte semestral del 28 Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM), en el que participarán como panelistas: Pedro Francke, integrante del equipo económico del presidente electo Pedro Castillo; Ruth Luque, congresista electa por Juntos por el Perú y Mirtha Vásquez, presidenta del Congreso de la República.
Asimismo estarán José de Echave (CooperAcción), David Velazco (Fedepaz) y Mirtha Villanueva (Grufides), quienes darán mayores alcances sobre el reporte, con información relevante sobre la situación de los conflictos socioambientales vinculados a la minería y un panorama sobre el nuevo ciclo de aumento de precios de metales, que presenta niveles inclusive superiores al del período del súper ciclo de precios (2003-2012).
El informe del OCM detalla también los puntos de la agenda pendiente que el próximo gobierno de Pedro Castillo debe tomar en cuenta, como el fortalecimiento de la autoridad ambiental, solución a los problemas de la población expuesta a los metales pesados y una reactivación sostenible post-COVID.
En esta 28º edición, el informe explica un contexto marcado por las expectativas de un nuevo gobierno, la pandemia y una crisis económica, se destaca los niveles de aumento en el alza de los precios registrados el último año: el cobre (96%), oro (6,2%), plata (67,5%), plomo (34%) y zinc (49,8%).
Asimismo analiza lo que viene ocurriendo en la macro norte, macro centro, y macro sur del país. Hay un seguimiento a los proyectos Río Blanco (Piura) y Cañariaco (Lambayeque). En Cajamarca continúa el proceso de expansión minera, siendo la región en primer lugar en cuanto a la cartera de inversión minera, por citar algunos casos.
En el centro del país persisten los conflictos de la minera Ariana (Junín) que pone en riesgo las fuentes de agua de Lima y de la comunidad campesina de Parán (provincia de Huaura, Lima) con la empresa Invicta, por contaminación de los ojos de agua de la comunidad. Este último, un conflicto que ha sido llevado al CIADI por la empresa minera.
El corredor minero sur andino, con Arequipa, Apurímac y Cusco como las principales regiones productoras de cobre, es un eje sensible de conflictos sociales por problemas vinculados a la negociación de tierras con la minera MMG Las Bambas (Cotabambas, Apurímac), impactos causados por el transporte terrestre del mineral, y conflictos por la minería ilegal (Caravelí).
La presentación se realizará mañana desde el portal Wayka, a partir de las 11:00 am.
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