CUSCO. Desde el 12 de julio, la comunidad campesina de Pumallacta, ubicada en el distrito de Quiñota, provincia de Chumbivilcas, desarrolla un paro indefinido contra Anabi SAC. La población exige que la empresa minera se retire de sus territorios y pague US$60 millones por concepto de resarcimiento por los daños al medio ambiente.
Asimismo, la comunidad demanda sanciones para los responsables de los daños ocasionados, además del pago por derecho de uso del territorio a la comunidad de Pumallacta desde el 2019. Cabe señalar que esta medida de lucha se acordó en una asamblea en la que participaron más de 150 comuneros.
Antecedentes
Las protestas en contra de esta empresa minera no son recientes. En febrero del 2012, después múltiples pedidos ante Estado y acuerdos incumplidos en los espacios de diálogo, el conflicto social tuvo su momento más crítico al producirse el incendio del campamento minero. Ante esto, la empresa minera Anabi denunció a varios dirigentes de las organizaciones sociales por diversos delitos.
Sin hacer mayor investigación, la Fiscalía formalizó la denuncia penal contra nueve hombres y una mujer. Estas diez personas, defensores del territorio y del medio ambiente de Llusco, Chumbivilcas y Cusco, fueron acusadas de secuestro, robo agravado, disturbios, daños agravados a la propiedad privada, entre otros.
La Fiscalía pedía una pena de 30 años de cárcel. Sin embargo, no habría existido evidencia para confirmar su participación en los actos. Las acusaciones estaban basadas únicamente en testimonios de ex – trabajadores de la empresa. Finalmente, los dirigentes criminalizados fueron absueltos en todas las instancias en febrero del 2021.
Fuente: Conflictos Mineros