AMAZONÍA. Un estudio publicado el 12 de julio en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) determinó que la deforestación y el daño medioambiental en la Amazonía se puede reducir a la mitad con la implementación de un patrullaje integrado de alerta satelital. Según los investigadores, las comunidades indígenas que utilizaron esta tecnología para vigilancia forestal lograron disminuir un 52% en las cifras de deforestación durante el primer año, en comparación con aquellas donde no se aplicó esta estrategia.
Los hallazgos demostraron que reconocer los derechos de los pueblos indígenas sobre su territorio es una forma eficaz de preservar los bosques y combatir la crisis climática. Asimismo, la reducción de la deforestación se concentró especialmente en las comunidades que enfrentan la minería ilegal del oro, la tala, y la plantación de cultivos ilícitos como la hoja coca. Según el estudio, la deforestación cayó en un 52% en el 2018, y en un 21% en el 2019, en aquellas comunidades donde se asignó equipo y capacitación al azar, en comparación con las que no los tuvieron.
La investigación tuvo lugar en las comunidades Shipibo de Patria Nueva y Nueva Saposoa, en la región Ucayali. El estudio fue dirigido por investigadores de la Universidad de Nueva York y la Universidad Johns Hopkins en colaboración con Rainforest Foundation US (RFUS) y la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Oriental (Orpio).
Se escogieron a 36 comunidades. En cada una, se identificó a tres representantes que debían realizar patrullajes mensuales con el fin de verificar los informes de deforestación. Para esto, se utilizaron fotos proporcionadas por el satélite Perú SAT-1 que sobrevuela el país 14 veces al día. Asimismo, se escogieron 37 comunidades como control para mantener sus prácticas habituales de manejo forestal.
Para guiar a las patrullas a los sitios con alertas de deforestación, una vez al mes se entregaban fotos satelitales e información de GPS a las comunidades cercanas. Posteriormente, los monitores asignados descargaban la data en aplicaciones especializadas para teléfonos inteligentes. La evidencia de actos de deforestación no autorizada, minería ilegal o plantación de hoja de coca era presentada luego a una asamblea de la comunidad, la cual decidía si debía expulsar a los invasores o avisar a la policía.
Durante los dos años que duró el estudio, las comunidades evitaron la destrucción de cerca de 456 hectáreas de selva tropical, equivalente a impedir la liberación de más de 234 000 toneladas métricas de emisiones de CO2.
Fuente: Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP).