LORETO. En Mariscal Ramón Castilla (MRC), provincia de la región Loreto, la COVID-19 llegó para recrudecer los problemas de sus habitantes. Es un lugar con servicios de salud precarios, energía eléctrica restringida, agua potable inexistente y donde las comunicaciones dependen del pronóstico climatológico del día. Acceder a este punto resulta un martirio aparte, pues las rutas que existen son largas y costosas.
Llegar a la provincia MRC resulta más sencillo desde las ciudades fronterizas de Brasil o Colombia — Tabatinga y Leticia respectivamente — que desde Iquitos, la ciudad peruana más cercana. Así fue como lo hizo el coronavirus, pues el primer caso detectado por autoridades en la zona fue el de un comerciante que traía alimentos desde Tabatinga, una actividad cotidiana porque es más asequible importar productos que trasladarlos hasta por dos días desde Iquitos. Suficiente motivo para que en la práctica, la triple frontera nunca fuera cerrada.
Mientras tanto, el incremento de contagios y las primeras muertes alertaron a sus habitantes, quienes inmediatamente acataron la cuarentena por temor a infectarse de un virus mortal del que casi nada sabían en ese momento. Poco tiempo después se implementó un Centro COVID-19 en el Instituto Superior Tecnológico (IST) Ramón Castilla, un área para atender casos que requieren vigilancia médica permanente.
Según autoridades consultadas por La República, en menos de una semana el Centro COVID-19 ya estaba saturado de pacientes y el “caso cero” en la provincia perdía la batalla contra la enfermedad. Sin embargo, las condiciones que se agravaron con la llegada del coronavirus son parte de una realidad mucho más intrincada, que apenas inicia con la ubicación geográfica.
Una provincia sin hospital
Para Jhony Díaz, maestro en Caballococha, ciudad capital de MRC, la COVID-19 lo había esquivado por mucho tiempo. Se enfermó en enero de 2021, en medio de un déficit de oxígeno medicinal que puso en jaque al sistema de salud en todo el país y en una provincia que no cuenta con un solo hospital. Narra que al inicio parecía ser asintomático, pero que el remojón de una habitual lluvia desencadenó complicaciones que lo llevaron a un cuadro crítico en menos de tres días.
“Lo habíamos tomado como un dengue, mi familia también pensaba lo mismo. Pero un día me llevaron al seguro —un Centro de Atención Primaria— y lamentablemente me tuve que quedar internado. A los dos días me trasladaron a Iquitos en un vuelo junto a otro paciente, pero yo era el más grave. Esa misma tarde ya me estaban intubando en el hospital por 14 días”, relata.
Desde ese periodo la variante predominante es la P.1, también conocida como Gamma, cuya principal característica es la rapidez con la que actúa, lo cual ha hecho colapsar clínicas y hospitales en todas partes. Por eso ahora, las personas que entran a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) son cada vez más jóvenes. En el pico de la segunda ola el panorama se tornó catastrófico.
De acuerdo con los reportes del Ministerio de Salud (Minsa), en Loreto se contabilizan hasta la fecha 40.978 casos confirmados, de los cuales 5.617 fueron detectados en la provincia de Ramón Castilla. Lamentablemente, la región ha sufrido la pérdida de 4.018 personas. Esto representa una tasa de letalidad del 9,81%, superior al 9,39% del promedio nacional, que es de por sí uno de los más altos del mundo.
Russman Palacios, médico a cargo del Centro de Atención Primaria (CAP) del Seguro Social de Salud (EsSalud) en Caballococha, encaró la pandemia solucionando problemas sobre la marcha. Hacía falta manos, eran solo dos médicos desde su institución y tres desde el Ministerio de Salud (Minsa) para atender a una población de 73.000 personas.
“Como nosotros somos un Centro de Atención Primaria, nuestros pacientes leves y moderados los tratamos aquí, pero cuando vemos que ya no podemos manejar la situación hacemos puentes aéreos. Se contratan vuelos al momento para llevar a los pacientes a recibir tratamiento en el hospital”, explica.
Pese a esta alternativa, la carencia de personal médico no se llega a suplir. Motivo por el cual, sosteniendo una carcajada nerviosa, el galeno asegura entre bromas que es “cosa de Dios” el hecho de no haber contraído el virus a la par que su colega de turno. La sola idea de dejar sin atención médica a su establecimiento lo intranquiliza.
Otro punto que llama la atención es que, tras más de un año de pandemia, la única planta de oxígeno con la que cuenta la provincia ha sido una donación que llegó hace apenas dos semanas. La entrega se hizo en medio de una ceremonia que, en algún punto, significó una luz de esperanza ante una posible tercera ola. La única tarea del municipio era gestionar su instalación, pero hasta el momento no ha sucedido.
Ancestralidad contra un virus
El reporte COVID-19 de la Dirección Regional de Salud (Diresa) en Loreto indica que las comunidades indígenas que habitan la provincia de MRC solo contabilizan 946 contagios y cuatro muertes a causa del virus. Entre las etnias más afectadas están los Tikuna, Yagua y Bora. Pero según sus líderes y habitantes, esta cifra está muy alejada de la verdad.
En esta área, las comunidades indígenas de diversas etnias fueron duramente golpeadas por un virus que inicialmente confundían con gripe. Francisco Hernández Cayetano, apu o líder de la Federación de Comunidades Tikuna y Yahua del Bajo Amazonas (Fecotyba), cuenta que los primeros en contagiarse fueron los habitantes de la comunidad Bellavista Callaru, ubicada en el distrito de Yavarí. Posteriormente, las demás comunidades caerían como fichas de dominó.
“En tres días murieron siete personas y desde ahí empezó nuestra preocupación porque no teníamos medicina. Todititos se enfermaron: niños, adultos, la mayoría que ha fallecido fueron puros abuelitos que no soportaron porque nunca han tenido esta enfermedad”, refiere.