En el distrito de José Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado, la posición es firme: no a la insistencia del Ejecutivo de implantar la pena de muerte. Este sentir se expresó a través de un pronunciamiento emitido por las diversas asociaciones de afectados por la violencia política en dicha zona.
Según la declaración, firmada por Javier Magallanes Godoy, presidente de la Asociación de Familiares de Desaparecidos del Alto Huallaga; Edward Martínez, de la Asociación de Familiares de las Víctimas de la Violencia en el caserío de Pacae; y de Lidia Matías Lope, de la Asociación de Familiares y Víctimas de la Violencia de Aucayacu; la obsesión del gobierno por este tema responde al temor a las sanciones derivadas del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la responsabilidad del Estado en la matanza del penal Castro Castro, en 1992.
Los agrupados recordaron las penurias que debieron soportar los comuneros ayacuchanos acusados sin pruebas de la muerte de ocho personas en una emboscada terrorista, registrada en diciembre pasado, en la localidad de Machente. Para las víctimas del terrorismo, esta detención volvió a demostrar la existencia de abusos contra humildes campesinos, que en otras épocas habrían sido sentenciados por jueces sin rostro a cadena perpetua sin oposición alguna.