La Defensoría del Pueblo resaltó que varias de sus recomendaciones vengan siendo implementadas por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) en la labor de prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos, o callejero (ASC). No obstante, ha solicitado que estos avances sean permanentes y enfocados en garantizar acciones en coordinación con los gobiernos regionales y locales, tal como lo establece la Ley 30314.
En efecto, una de las recomendaciones implementadas por el MIMP fue la necesaria asistencia técnica a los gobiernos regionales y locales para la elaboración y aprobación de sus ordenanzas en el marco de la aplicación de la Ley 30314. Así, se pudo conocer que cuentan con un modelo de ordenanza regional y municipal contra el ASC, además de un protocolo para la atención de los casos dirigido a operadores de estas comunas (serenazgo, entre otros).
De otro lado, el MIMP informó que ha venido fortaleciendo las capacidades de representantes de gobiernos regionales y locales en departamentos como Lima, Callao, Junín, Cajamarca y Cusco, tal cual lo recomendamos en un informe del 2019. No obstante, es necesario que estas acciones sigan replicándose en todo el país, aprovechando los recursos virtuales con los que se cuenta y focalizando las acciones en aquellas ciudades en donde se presentan más casos de ASC.
En cuanto al cumplimiento de la Ley 30314, se pudo advertir que 133 gobiernos regionales y locales ya cuentan con ordenanzas contra el ASC, pero solo 19 de ellos han reportado al MIMP acciones implementadas en el marco de estas normativas. Esta situación preocupa a la Defensoría del Pueblo, ya que el MIMP debe asegurar que el cumplimiento de la ley se extienda hacia acciones específicas y sostenidas en contra del ASC y que no quede como un avance meramente normativo.
Cabe resaltar que el ASC es una problemática que se ha venido manifestado incluso durante el contexto de emergencia por el COVID-19. Así lo demuestra un informe publicado por Paremos el Acoso Callejero y Plan Internacional, que señala que 440 adolescentes y jóvenes señalaron ser víctimas en Lima y Callao entre septiembre de 2020 y enero de 2021. Asimismo, el 37 % señaló sentirse impotente ante estas agresiones y el 97 % no denunció los hechos a pesar de la existencia del D.L. 1410. También, los centros emergencia mujer atendieron un total de 527 casos en 2020, de los cuales un 97 % fueron víctimas mujeres.
En ese sentido, es indispensable que se sigan fortaleciendo los mecanismos de actuación frente al ASC en el marco de la Ley 30314 y del D.L. 1410. Tanto los gobiernos regionales y locales, como los ministerios competentes deben mantener una coordinación constante para enfrentar un problema que sigue aquejando principalmente a las adolescentes y mujeres jóvenes, y que lamentablemente se mantiene impune en muchos casos.
Fuente: Defensoría del Pueblo