LIMA. En un contexto político por las próximas elecciones generales del 11 de abril, y en medio de una crisis sanitaria y social por la COVID-19, la asociación civil Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) recuerda a todos los candidatos y candidatas a la presidencia de la República que la protección integral de las personas defensoras del medioambiente es un pendiente histórico que debe estar presente, de manera prioritaria, en sus propuestas políticas.
La organización señala que en 2020 fueron asesinados cinco defensores ambientales e indígenas en Perú. Se trata de Arbildo Meléndez Grándes (Huánuco), Benjamín Ríos Urimishi (Ucayali), Gonzalo Pío Flores (Junín), Lorenzo Wampagkit Yamil (Amazonas), y Roberto Carlos Pacheco (Madre de Dios) quienes fueron asesinados en el ejercicio de su importante rol de defensa del medioambiente. Y el 27 de febrero, la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU) confirmó el asesinato del líder indígena Herasmo García Grau, de la comunidad de Sinchi Roca, localidad que venía solicitando por largo tiempo a la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali la georreferenciación de su territorio comunal y la actualización de títulos.
“No podemos permitir una muerte más. Nos preocupa la situación de desprotección de las personas defensoras, quienes tienen un rol determinante en la defensa, promoción y protección de los derechos humanos, y en la consolidación del sistema democrático. Se trata de un tema que está siendo omitido en las discusiones públicas vinculadas a las próximas elecciones y los siguen matando”, dijo Iris Olivera, coordinadora del Programa de Derechos y Justicia Ambiental de DAR.
DAR llama la atención sobre problemas estructurales existentes de los pueblos indígenas, que tienen como eje central la problemática territorial, y que generan riesgos y vulnerabilidades para las personas defensoras. “Las barreras burocráticas generan procesos de titulación comunal de difícil acceso para quienes lo inician, lo que termina siendo un incentivo para que terceros obtengan concesiones que se superponen a las mismas, o para invadirlas, haciendo uso de la fuerza”, advirtió Olivera. La especialista expresó que resulta muy preocupante el incremento de los territorios afectados por actividades ilegales, principalmente de minería y tráfico de tierras.
Si bien se han registrado avances normativos, como el Protocolo de Protección de Personas Defensoras y el Registro de Situaciones de Riesgo, aprobado en 2019 por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, DAR subrayó que es importante concretar la protección integral de las personas defensoras a través de un mecanismo de articulación intersectorial; así como, asegurar el suficiente respaldo presupuestal para implementar estas herramientas.
En ese sentido, DAR demanda a todos los grupos políticos priorizar la protección de las personas defensoras ambientales, y, en definitiva, a plantear iniciativas que atiendan los problemas estructurales que les afectan y que trascienden a las competencias de un solo sector.
Fuente: La República