LIMA. Inalcanzable. Así se ha tornado el camino hacia la búsqueda de justicia para las víctimas y deudos por el caso de esterilizaciones forzadas ocurridas durante el gobierno de Alberto Fujimori. Y es que el 11 de enero nuevamente se frustró la audiencia de presentación de cargos contra los sindicados responsables Alberto Fujimori y sus exministros de Salud Alejandro Aguinaga, Marino Costa Bauer y Eduardo Yong Motta.
Ello debido a que la diligencia virtual no se pudo realizar por la falta de intérpretes de las distintas variantes de quechua, idioma prevalente entre la mayoría de las 1321 agraviadas. Ellas fueron afectadas por este procedimiento realizado sin su consentimiento y con graves secuelas. Así, el Juzgado Penal Supraprovincial Transitorio Especializado en Crimen Organizado, a cargo del magistrado Rafael Martínez, dispuso que el juzgado considere incorporar a personas que manejen dichas variantes del quechua.
Ello para que las agraviadas puedan hacer uso de su derecho en la audiencia. Sin embargo, esta negligente omisión pudo anticiparse y ahora nuevamente prolonga el proceso. Ante ello, la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap) se pronunció sobre el emblemático caso, que supera los 20 años sin resolverse.
La Onamiap consideró el hecho como una muestra de racismo y discriminación hacia las mujeres indígenas (las agraviadas mayoritarias) por parte del Poder Judicial. Asimismo, la organización de mujeres exigió se fije de manera inmediata una nueva fecha para la audiencia y que se garantice el avance en el camino hacia la justicia para las agraviadas.
Del mismo modo, también dirigió un reclamo al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, remarcando que tiene la obligación de implementar una política de reparaciones para las víctimas, de lo contrario, solo se perpetuará la impunidad.
Fuente: Servindi