En el marco de la conmemoración del Día Mundial de los Niños, y consciente de la coyuntura que atraviesa Perú como consecuencia de los efectos de la pandemia, los acontecimientos políticos recientes, y ante el próximo proceso electoral del 2021, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) hace un llamado al país a seguir avanzando en el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
En las últimas tres décadas Perú ha dado importantes pasos hacia el cumplimiento del compromiso asumido en 1990 cuando ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), el tratado de derechos humanos que más países se han comprometido a cumplir. En estos años, Perú redujo significativamente la mortalidad infantil y avanzó hacia la universalización de las tres etapas de escolarización de la Educación Básica Regular, entre otros logros. Sin embargo, mantiene numerosos pendientes, especialmente con las y los adolescentes.
Hoy más que nunca cobra carácter de urgencia cumplir la agenda planteada por los Objetivos de Desarrollo Sostenible para garantizar los derechos humanos de cada niña, niño y adolescente. Solo así se evitará que la pandemia acentúe más las desigualdades y vulnerabilidades que desde antes ya enfrentaban, y así lograr que nadie se quede atrás.
- Su cierre prolongado ha significado que aproximadamente nueve millones de niñas, niños y adolescentes continúen sin recibir educación presencial y se estima que más de 600 000 están en riesgo de dejar sus estudios, especialmente aquellos que pertenecen a familias en situación de pobreza. Esta pérdida tiene graves implicaciones presentes y futuras. El aprendizaje, la socialización, el acceso a protección y a otros programas sociales ocurren en la escuela y no pueden replicarse igual en otros espacios. Cada día que las escuelas permanecen cerradas se avanza, especialmente para los más vulnerables, hacia una catástrofe educacional. Es imperativo que Perú se prepare desde ahora para la reapertura segura y gradual de las escuelas, aprovechando la oportunidad para que los sistemas educativos ofrezcan no solo un mejor aprendizaje, sino también un entorno más seguro y de mayor soporte emocional que el que existía antes de la pandemia.
- En solo diez meses y como consecuencia de la COVID-19, Perú experimenta un retroceso de diez años en los niveles de pobreza infantil. Estimaciones realizadas por Unicef sobre el impacto de la pandemia en la pobreza infantil y adolescente presentan un panorama desolador. A finales de 2020 más de 1,2 millones de niñas, niños y adolescentes caerán en pobreza monetaria, sumando un total de más de cuatro millones en esta situación. Es necesario pensar colectivamente en sistemas de salud, de educación y de protección social universales e integrales que protejan a las familias ante el severo impacto socioeconómico ocasionado por la COVID-19. Para ello es clave asignar los recursos públicos de manera equitativa, suficiente y oportuna para que se puedan implementar respuestas de protección social diferenciadas, pertinentes a los distintos contextos, y que aborden las múltiples dimensiones de la pobreza infantil.
- Es urgente fortalecer políticas y programas de prevención frente a la violencia en los niveles locales, regionales y nacionales y desarrollar en el país una cultura de crianza positiva y de respeto a las niñas, niños y adolescentes en todos los entornos.
- Los 3,2 millones de adolescentes representan una oportunidad clave para el desarrollo presente y futuro del país, especialmente porque Perú continúa en la fase de bono demográfico. Paradójicamente, con excepción de la escuela, las y los adolescentes son uno de los grupos menos cubiertos por las políticas sociales y esto se evidencia en la oferta limitada de programas o servicios que garanticen su salud, protección y participación. Por ejemplo, durante la última década, no se ha conseguido disminuir la tasa de embarazo adolescente (12,6%) entre las chicas de quince a diecinueve años. Las y los adolescentes necesitan de estos servicios especializados, requieren crecer libres de violencia y que sus voces sean escuchadas, respetadas y tomadas en cuenta en todo aquello que les afecta, como establece la CDN. Priorizar la adolescencia en las políticas públicas implica garantizar la inversión necesaria para ponerlas en marcha.
- Hay que asegurar que las niñas y niños, especialmente las y los adolescentes puedan ejercer en el entorno familiar, escolar, y comunal su derecho a la participación. Los acontecimientos políticos recientes y el próximo proceso electoral constituyen una oportunidad para enfatizar que el ejercicio de la ciudadanía abarca a todas las generaciones y trasciende la jornada electoral. Escuchar las voces adolescentes e incorporarlas a las políticas públicas es caminar hacia la construcción de un país más inclusivo, próspero y cohesionado.
La conmemoración del 30 aniversario de la ratificación peruana de la CDN es un llamado a los poderes del Estado, la empresa privada y la sociedad en general a renovar nuestro compromiso con los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y una invitación a escuchar a la Generación del Bicentenario y junto a ella Reimaginar un Perú mejor, informó Unicef a INFOREGIÓN.