La Defensoría del Pueblo exigió al Gobierno Regional de Loreto y a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) atender de manera urgente la situación de vulnerabilidad en que se encontrarían diversos pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial en esta región, debido a la presencia de concesiones forestales que habrían sido autorizadas pese a encontrarse en zonas de tránsito de estas comunidades o en camino a convertirse en reservas indígenas.
Al respecto, la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente comunicó a la Defensoría del Pueblo que la Gerencia Regional de Desarrollo Forestal y de Fauna Silvestre de Loreto estaría por habilitar un total de 188 concesiones forestales que se sobrepondrían a áreas en trámite de creación de las reservas indígenas Yavarí Tapiche, Yavarí Mirim, Kakataibo Sur, Sierra del Divisor Occidental y Napo Tigre.
Para la Defensoría del Pueblo genera preocupación que la Gerencia Regional de Desarrollo Forestal y de Fauna Silvestre de Loreto, órgano dependiente del Gobierno Regional, venga impulsando estas actividades no obstante encontrarse prohibidas por la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. En efecto, en la quinta disposición complementaria de esta norma, aprobada en 2015, se señala expresamente que “no se otorgará títulos habilitantes forestales y de fauna silvestre en áreas de trámite de reconocimiento, de titulación o de ampliación de comunidades campesinas y nativas, así como en las áreas de trámite para el establecimiento de reservas territoriales para los pueblos en aislamiento voluntario o en contacto inicial, en concordancia con los tratados internacionales en vigor.”
Además, existe preocupación en las organizaciones indígenas con relación a anuncios realizados desde la Gerencia Regional de Desarrollo Forestal y de Fauna Silvestre de Loreto sobre la inscripción en los registros públicos de las concesiones forestales superpuestas a las áreas en trámite de creación de las reservas indígenas mencionadas, poniendo en riesgo la protección de este importante grupo de ciudadanas y ciudadanos peruanos.
Por ello, a través de un documento dirigido a la Gerencia Regional de Desarrollo Forestal y de Fauna Silvestre de Loreto se requirió a adoptar las medidas urgentes para garantizar el cumplimiento de la normativa legal vigente referida y a respetar los principios de no contacto e intangibilidad de los territorios de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial, obligación que le corresponde al Estado Peruano. Asimismo, se le exigió abstenerse en otorgar nuevos títulos forestales en áreas que afecten la supervivencia de estos pueblos.
De otro lado, la Defensoría del Pueblo solicitó un informe detallado a la jefatura zonal de la Sunarp en Iquitos sobre las concesiones forestales que han sido inscritas desde el año 2015. El pedido fue hecho al conocerse el documento presentado en agosto último a esta entidad por parte de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente, en el que se solicitó no proceder con la inscripción de las concesiones forestales que se sobreponen a las áreas que han sido solicitadas como reservas indígenas.
La institución también recordó que, según el Decreto Legislativo Nº 1489, norma aprobada para proteger a los pueblos indígenas en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19, se suspenden los trámites de autorizaciones de ingresos excepcionales a las reservas indígenas y territoriales, salvo para los casos vinculados con la realización de actividades orientadas a garantizar la salud y la seguridad de estos pueblos. Así como, los servicios y acciones de las entidades estatales deben estar orientadas a prevenir la propagación del COVID-19 en sus territorios.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo advierte que la población indígena en aislamiento y en contacto inicial es considerada altamente vulnerable, al poseer una frágil capacidad inmunológica para enfrentar y resistir enfermedades que podrían ser adquiridas como producto del contacto, lo que afectaría gravemente su supervivencia, más aún en un contexto de pandemia y crisis sanitaria.
Fuente: Defensoría del Pueblo