Los recursos que el gobierno gastaría en un referéndum para la pena de muerte, debieran más bien utilizarse en reforzar la Seguridad Ciudadana, como construir penales o implementar una red de computadoras para la policía, propuso Gabriel Prado, investigador de temas de seguridad ciudadana del Instituto de Defensa Legal, IDL.
Usando como fuente a la Dinincri, Prado puntualizó que del 2002 a la fecha solo se han registrado 6 casos de violación de menores seguido de muerte, es decir, 1.2 casos cada año, y cuestionó que con esa incidencia se pretenda un referéndum que costaría entre 80 y 90 millones de soles.
El investigador señaló que la violación y muerte de menores es un hecho execrable pero recalcó que hay otra realidad constituida por los problemas de seguridad y destacó por ejemplo que en el 2004, sólo en Lima ocurrieron 25,159 asaltos y robos; en el 2005, 23,803; y en los primeros 8 meses del 2006, 18,163 casos, es decir, unos 2 mil casos por mes registrados ante la Policía Nacional.
Por ello propuso que el uso de los 90 millones que se gastarían en realizar un referéndum para la pena de muerte se usen más bien en promover acciones concretas para la seguridad ciudadana y aseguró que con 55 millones de soles se construirían 2 penales, se implementarían 1,752 celdas; se interconectarían las 174 comisarías de Lima y Callao; y se implementarían computadoras en la DININCRI que investiga la pornografía infantil.