La Contraloría General de la República comprobó que en más de 20 penales no se contaba con equipos médicos en sus ambientes de salud para atender los casos por COVID-19 entre los internos y afrontar la expansión de la enfermedad. El operativo consistió en inspeccionar 31 de los 68 establecimientos penitenciarios que existen en todas las regiones del Perú para verificar la implementación de medidas de bioseguridad a fin de reforzar el sistema de prevención y contención frente al COVID-19; la gestión y manejo de los residuos sólidos en estos lugares; y la gestión sanitaria y capacidad de respuesta ante la pandemia del coronavirus en el primer nivel de atención.
Como resultado de esta inspección se emitieron 93 informes de control, en las cuales se detectaron 306 situaciones adversas, donde 52% (157) están relacionadas a gestión sanitaria al interior de los penales, 27% (84) a la gestión de residuos sólidos y 21% (65) a la implementación de medidas de bioseguridad. A nivel regional, la mayor cantidad de situaciones adversas se registraron en los establecimientos penitenciarios de Lima y Callao con 60, seguido de 25 situaciones adversas detectadas en penales de Puno, San Martín con 20, Lambayeque con 17, Arequipa con 15, Junín y Huancavelica con 14 cada una, Ica con 12, Tumbes y Cusco con 11 cada una, y Piura, La Libertad y Ayacucho con 10 cada una.
Riesgos en manejo de residuos sólidos
El operativo de la Contraloría reveló que en 15 establecimientos penitenciarios existe el riesgo de afectación al medio ambiente y propagación de enfermedades al no cumplirse las condiciones adecuadas de almacenamiento de residuos sólidos. En cinco establecimientos penitenciarios no se cuentan con implementos de seguridad y protección personal para los trabajadores a cargo de la recolección y transporte de los residuos sólidos, lo que pone en riesgo su salud.
En otros 25 establecimientos penitenciarios se genera el riesgo sanitario, ocupacional y ambiental debido a la falta de un plan o diagnóstico de manejo o reducción de residuos biocontaminados, así como por la demora en recojo de esos residuos, ya que se efectúa en lapsos mayores a los establecidos. En una cantidad similar de establecimientos penitenciarios no se realiza el registro de información en el Sistema para la Gestión de Residuos Sólidos (SigersolL) y no cuentan con un responsable para dicha gestión.
Los informes emitidos como parte de la labor de control realizada por los auditores de la Contraloría, ya fueron notificados a los Directores de las Oficinas Regionales del INPE para que se adopten las acciones correctivas que correspondan, informó la Contraloría a INFOREGIÓN.