A cinco meses de la emergencia sanitaria, la Defensoría del Pueblo exige a las autoridades de todos los niveles priorizar una agenda pública para la prevención y contención del COVID-19 en las comunidades nativas, campesinas y otras localidades indígenas, al tratarse de un sector muy vulnerable que viene siendo seriamente afectado, situación que se agrava debido a un sistema de salud precario y la difícil geografía que las rodea.
Uno de los aspectos de mayor preocupación para la institución es que el Estado aún no cuenta con información pública sobre el número de personas indígenas afectadas, ni tampoco con un sistema de registro que contemple el número de comunidades en las que se haya identificado casos de COVID-19.
Sin embargo, en el marco de la Comisión Multisectorial, creada por la Resolución Suprema Nº 005-2020-MC, el Ministerio de Salud (Minsa) informó que, al 19 de julio, había 10 426 casos positivos en población indígena a nivel nacional, sin que haya cumplido con brindar información actualizada del número de personas indígenas contagiadas, hospitalizadas, recuperadas y fallecidas.
Al respecto, en los meses de junio y julio, la Defensoría del Pueblo realizó una supervisión a las Direcciones y/o Gerencias Regionales de Salud y al Minsa sobre la implementación de la variable de pertinencia étnica en los registros del COVID-19, dispuesta en el Decreto Supremo N°005-2020-MC. De la información brindada por 9 de los 24 departamentos supervisados, hasta el momento, habría más de 6200 personas indígenas contagiadas y más de 20 fallecidas; advirtiéndose una diferencia importante respecto de la información brindada por la autoridad sanitaria nacional y los gobiernos regionales sobre la afectación de la pandemia en la población indígena.
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