La Reforma Agraria llevada a cabo por Juan Velasco Alvarado en 1969 puso fin a un sistema económico y social que había dominado al Perú a lo largo de su historia republicana. Con la repartición de los terrenos de las grandes haciendas de la oligarquía, se quebró el orden casi feudal en el que muchos peruanos apenas sobrevivían. A 51 años de ese suceso, el discurso predominante se ha centrado en el fracaso económico de la reforma velasquista pero se han explorado poco sus consecuencias sociales y culturales.
A pesar de que la Reforma empezó en 1969, el problema sobre la tenencia de la tierra y el sistema social y económico venía de muchas décadas atrás. El objetivo era cambiar la estructura ya establecida de la propiedad y la producción de la tierra reducida en pocos dueños. El 1% de la población total del Perú era dueña del 82% de las tierras de propiedad privada. Aún así, el movimiento campesino no sólo reclamaba tierras, sino, mejores condiciones laborales, acceso al libre mercado y reconocimiento como ciudadanos. (Eguren 2009:64)
El 24 de junio de 1969, en el inicio del gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, se declaró la tercera Ley de la Reforma Agraria. Esta ley era más radical que las anteriores, no solamente se expropiaron las haciendas tradicionales, sino, todo terreno mayor a 150 hectáreas de tamaño. La ley fue decisión política del gobierno y se ejecutó con el poder de las armas, la disolución del Congreso y Corte Suprema debido al golpe militar, además de una oposición política reducida.
Si bien la Reforma no fue un éxito en el tratado de la tierra y las Cooperativas Agrarias, cambió el panorama del país. Estimuló el movimiento campesino, revirtiendo la cultura paternalista donde se ubicaba al hacendado en una cumbre de poder inalcanzable. Esto hizo que muchos trabajadores semi esclavizados de las haciendas entren a una ciudadanía moderna y ya no estaban en una sociedad rural, la cual era controlada por los hacendados.
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