El inicio del proceso judicial contra 23 comuneros Achuar y Kichwas de la cuenca del río Corrientes, acusados de ser responsables de los sucesos ocurridos entre el 20 y 23 de mayo del año 2008 cuando tomaron las instalaciones del lote 1AB de la empresa Pluspetrol Norte fue postergado por la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Loreto hasta el próximo 8 de mayo por no contarse con interpretes de la lengua de los inculpados, tal como lo solicitó su defensa.
Los indígenas son demandados por los referidos sucesos ocurridos como forma de protesta por los problemas de contaminación en sus quebradas. Tal como se recuerda, durante la operación de desalojo a cargo de la División de Operaciones Especiales de la Policía Nacional que llegó desde Lima, murió el suboficial Jaime Reyna por una retrocarga que presuntamente habría disparado el comunero Saúl Sánchez Rodríguez, para quien el Ministerio Público pidió 25 años de cárcel.
El presidente de la Sala, Carlos del Piélago, explicó que la postergación se debe a que no se puede realizar la audiencia para no vulnerar los derechos de los indígenas ni actuar contra los preceptos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Momentos antes la defensa presentó a un traductor Achuar, pero este no pudo leer el artículo 217 del Código de Procedimientos Penales para que los indígenas sepan en su lengua los derechos a los que estaban sujetos, por lo que su actuación dentro del proceso fue desestimada.
Cabe destacar que la fiscal Aidé Vargas Oviedo ha pedido penas entre 6 y 25 años por delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio calificado y robro agravado en perjuicio del Estado, Pluspetrol y una docena de policías heridos.
Entre tanto , la defensa de los indígenas sostiene que no se ha llegado a identificar claramente las circunstancias de la muerte del policía Reyna, ni determinar las responsabilidades del caso.