Debido a las diversas propuestas para la reactivación forestal por parte del Gobierno, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) manifestó su preocupación con las políticas, programas, planes y proyectos que están más interesados en los suelos Amazónicos para obras de infraestructura vial y energética o para actividades agrícolas monocultivos (palma aceitera), tanto la agricultura migratoria como la agroexportación, que por las personas que ahí habitan y el rol vital de la Amazonía.
Por ello, la Aidesep consideró que es necesario plantear una moratoria a la explotación forestal maderable en el Perú, primero para garantizar la vida de los pueblos indígenas y segundo para promover la conservación de la diversidad biológica (Artículo 68 de la Constitución Política del Perú). Principalmente, por el alto nivel de informalidad de la actividad forestal que permite a cuadrillas de informales talen la madera y vendan el producto a los aserraderos, sin la garantía de la implementación de protocolos de bioseguridad para su actividad.
Por otro lado, afirmaron que existen pocas empresas formales que controlan toda la cadena del producto forestal y que eventualmente podrían tener más éxito con los protocolos dentro de su empresa. Asimismo, consideraron que si bien, son comprensibles las urgencias económicas, no es posible iniciar la reactivación de la actividad forestal cuando el COVID-19 está en expansión acelerada en las comunidades nativas, ya que todavía se prevé la misma tendencia durante varios meses.
Empezar la reactivación sería a expensas de la integridad y la salud de los trabajadores forestales, los pueblos indígenas y peor aún de los pueblos en aislamiento y contacto inicial. Además, Aidesep confirmó que los taladores ilegales han aprovechado la cuarentena para seguir extrayendo los recursos forestales y con la reactivación forestal tendrán la excusa para lavar sus actividades, pero sobre todo para continuar transitando por la Amazonia aun pese a la negativa de pueblos indígenas que han cerrado sus comunidades.
Por ello, Lizardo Cauper, presidente de Aidesep; Berlín Diques, de ORAU; Edwin Jumanga, de Corpiaa; Ely Tangoa, de Codepisam; Salomón Awananch, de Orpian-P; y Jorge Perez, de Orpio; firmaron el acuerdo solicitando la no reactivación de las actividades forestales.
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