Según el reporte efectuado ayer domingo 10, se registraron 60 personas infectadas y dos varones fallecidos por el Covid-19 en la comunidad shipibo Cantagallo, ubicada en el distrito limeño del Rímac. Ante ello, son dos los pedidos más urgentes a atender, el primero es fumigar toda la comunidad emplazada a poca distancia del Palacio de Gobierno y la segunda es aplicar pruebas de descarte a todos los miembros de la comunidad.
Apoyo en bonos y víveres
Por otro lado, también solicitan que se les incluya en los bonos de apoyo otorgados por el gobierno a 514 beneficiarios shipibo de esta comunidad, puesto que en las anteriores emisiones no fueron considerados de este beneficio de alivio económico. Asimismo, debido a la nueva prolongación del estado de emergencia, las bolsas de víveres entregadas de apoyo a las familias a estas alturas resultan insuficientes, por lo que piden que no se les deje de considerar en este aspecto.
Como se recuerda, Cantagallo es una comunidad intercultural donde, si bien la mayoría de sus habitantes es del pueblo Shipibo, también coexisten otras identidades como asháninkas, kakataibos, quechuas y aymaras. También, cabe remarcar que los pobladores conviven en medio de precarias condiciones sanitarias en la comunidad, en lo que respecta a acceso a agua potable y servicios higiénicos, condiciones que elevan el riego de contagios.
Shipibos varados
El pasado 7 de mayo Wilson Valles, presidente de la Asociación Comunidad Urbana Shipibo Konibo de Lima Metropolitana (Acushikolm), informó que en la comunidad de Cantagallo hay más de 300 shipibos varados que llegaron de Ica para dirigirse a Ucayali.
De acuerdo con el dirigente, se trata de shipibos que perdieron sus empleos u otros que viajaron a Lima a comprar los útiles escolares y fueron sorprendidos por la inmovilización social obligatoria y permanecieron en las ciudades acatando la cuarentena.
El líder shipibo también denunció que los pasajes se han incrementado. Por ejemplo, solo para llegar de Ica a Lima, los ciudadanos tuvieron que pagar S/ 100 cuando normalmente el costo es de S/ 25. Por ello, exigió al gobernador regional de Ucayali habilitar el traslado humanitario.
Fuente: Servindi