La jefa del equipo de secuelas de la violencia de la Defensoría de Pueblo, Guisella Vignolo, reveló que existe la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y sanción a las prácticas discriminatorias en las diferentes instituciones públicas, según el informe de adjuntía Nº 5 “Actuación del Estado frente a la discriminación: casos conocidos por la Defensoría del Pueblo”.
Explicó que en los años 2007 y 2008 se presentaron 149 quejas por actos de discriminación diversos, que incluyen segregación racial, sexual, religiosa, por identidad, por salud, por orientación sexual, entre otras.
“Hemos analizado como reacciona el Estado ante estas quejas individuales, y lo que hemos podido advertir es que, en la mayoría de estos casos donde la Defensoría intervino, la autoridad acogió la recomendación; sin embargo, no emitió ningún tipo de sanción, sino que solo corrigió el error en ese instante”, dijo.
Precisó que la oficina defensorial no ha tomado conocimiento de que se haya dispuesto medida correctiva o sanción alguna contra los funcionarios implicados en los casos de discriminación.
Defensoría realizó supervisión en temas de discriminación
Del mismo modo, refirió que la Defensoría supervisó a algunas instituciones que cuentan con normas para prevenir y sancionar la discriminación con la finalidad de conocer su aplicación al interior de estas entidades.
“Estamos recomendando la necesidad de fortalecer estos mecanismos del Estado tanto para prevenir como para sancionar estos actos de discrimiminación. Buscamos que, con estas medidas, se emitan (sanciones) a los funcionarios responsables de esas acciones para que no las vuelvan a cometer en el futuro”.
En ese sentido, opinó que es importante que las personas conozcan sus derechos a fin de que trabajen por el respeto de los mismos. Más aún, comentó que en el año 2006, cuando la Defensoría emitió su primer reporte, había solo 70 quejas, número inferior al que se presentó en el más reciente, 149.
Debido a ello, invocó a la población a acudir a las instituciones pertienentes para denunciar los actos de discriminación, pues son un delito.