El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial B de Cusco, presidido por la jueza Lisbeth Yépez Provincia, resolvió absolver a los diez defensores ambientales de la provincia de Chumbivilcas que venían siendo investigados y acusados por las protestas frente a la empresa minera Anabi entre el 2011 y 2012.
Entre noviembre del 2011 y febrero del 2012, pobladores de la provincia cusqueña de Chumbivilcas ejercieron su derecho de libertad de expresión, opinión y de reunión, exigiendo diálogo con el Estado por la visible contaminación ambiental en la cuenca del río Yahuarmayo, conocido como Molino, y por las afectaciones negativas causadas por el paso de camiones mineros de gran tonelaje generada por la empresa minera Anabi SAC.
Pese a múltiples pedidos ante las instancias del Estado, los dirigentes y las comunidades no fueron escuchados. Sin embargo, a partir de la protesta social en el mes de enero de 2012 se instaló una mesa de diálogo integrada por el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministerio de Energía y Minas, la Autoridad Nacional del Agua, autoridades locales y regionales y representantes de la empresa minera AnabiSAC.
Uno de los compromisos acordados en este espacio de diálogo fue la realización de un monitoreo ambiental, cuyos resultados debían presentarse públicamente ante la población, acuerdo que no fue cumplido. El conflicto social tuvo momentos de mucha tensión y el 5 de febrero de 2012 se produjo el incendio del capamento minero, por lo que la empresa minera Anabi SAC denunció a varios dirigentes de organizaciones sociales por diversos delitos.
Sin hacer mayor investigación penal, la Fiscalía formalizó la denuncia penal contra nueve varones y una mujer, defensores del territorio y del medio ambiente, de Llusco, Chumbivilcas y Cusco, por delitos de secuestro, robo agravado, disturbios, daños agravados a la propiedad privada, entre otros.
La Fiscalía pedía una pena de 30 años de cárcel para los defensores. Sin embargo, no habría existido evidencia que confirmase su participación en los actos. Igualmente, las acusaciones estaban basadas únicamente en testimonios de ex – trabajadores de la empresa minera Anabi SAC.
Los abogados de la defensa señalaron que la decisión final ha tomado en cuenta los derechos fundamentales que figuran en la Constitución, entre los que destacan el derecho de gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida
Asimismo, la decisión fue bien recibida por más de 400 comuneros que estuvieron desde tempranas horas en las afueras de la sede judicial a la espera de la decisión. Es importante mencionar que la Jueza ha decidido enviar el caso al Órgano de Control Interno, debido a la deficiente sustentación de la Fiscalía para acusar a los dirigentes sin elementos probatorios.
Fuente: Observatorio de conflictos mineros en el Perú