Uno de los principales problemas en la lucha contra la violencia sexual en nuestro país es la falta de celeridad y diligencia del sistema de justicia para procesar a los acusados por este delito. La mayoría se queda en denuncia policial, un bajo índice pasa a juicio oral, en los que procesos son largos y revictimizantes, concluyó un estudio elaborado por la Comisión de Derechos Humanos (Comisedh).
El Instituto de Estadística e Informática (INEI) reportó que en el 2018 la Policía registró 7,789 denuncias. Sin embargo, este registro no muestra la real dimensión de la violencia sexual en el Perú, pues en el mismo año, el Centro de Emergencia Mujer del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimdes) atendió a 12,983 víctimas.
Esta situación no cambió en el 2019. Según datos del Poder Judicial, hasta octubre de 2019 ingresaron a su sistema 3,471 casos de violación sexual, pero entre enero y noviembre del mismo año, el Ministerio Público recogió más de 7,300 denuncias por ese delito.
En base a los casos de violación sexual que patrocina legalmente Comisedh, se ha identificado varios elementos que dan cuenta del carácter revictimizante que tiene el camino en búsqueda de justicia.
Uno de ellos es que, a pesar de haber un acuerdo plenario para valorar adecuadamente el testimonio de la persona agredida, muchas veces se pone en duda su veracidad, así como su credibilidad y honorabilidad.
Tampoco se considera que, la resistencia de la víctima no es un requisito para que se configure la violación sexual y se da mucho peso a la retractación en el testimonio como un obstáculo al juicio de credibilidad.
Evidencias de impunidad
La abogada penalista Lilia Portillo, advierte que en nuestro país no se ha hecho seguimiento al desenlace que tienen las denuncias por violencia sexual. Recordó que a través de la ONG Flora Tristán, en los años 90 participó en un plan piloto para evidenciar la impunidad en estos casos, haciendo un registro de las denuncias recibidas en las más representativas comisarías de San Juan de Lurigancho y Villa El Salvador, así como de Petit Thouars.
“Encontramos que la mitad llegaron a la Fiscalía y dos tercios de ellas pasaron al Poder Judicial. Solo el uno o dos por ciento culminaron con una sentencia condenatoria”, relató advirtiendo que esta situación todavía se mantiene.
Por su parte, la adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, Eliana Rebollar, refiere, en base a las quejas que han recibido, que las víctimas encuentran varias barreras hasta llegar al proceso judicial. Entre las infracciones más frecuentes detectadas figuran la renuencia a recibir las denuncias, la omisión de diligencias y la excesiva lentitud en tramitar los procesos.
Precisa que, si bien se han dado avances normativos, como el incremento de las penas y que los condenados no se puedan acoger a beneficios, aún falta compromiso. “El gran problema que advertimos es que muchos operadores de justicia no están actuando como debe ser para que se dicten sanciones oportunas y efectivas”, sostuvo.
La presidenta de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial, Elvia Barrios, destacó que mediante un acuerdo plenario y la jurisprudencia de muchas ejecutorias de la Corte Suprema se reconoce el valor del testimonio de la víctima.
“Hay logros significativos, pero todavía tenemos un largo camino por recorrer. En la medida en que no trabajemos en la prevención, vamos a seguir viendo un significativo número de denuncias de violencia contra la mujer en todas sus formas”, alertó.