La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reiteró su pedido a que se respete y garantice el trabajo de medios de comunicación y periodistas en Bolivia, los que han sido agredidos y amenazados por manifestantes violentos de distinto sesgo político en los últimos días.
Desde el inicio de la crisis política en el país desatada por cuestionamientos de fraude en las elecciones del pasado 20 de octubre y que ayer derivó en la renuncia del presidente Evo Morales, la cobertura periodística se ha visto afectada por actos de violencia contra periodistas, trabajadores de prensa y medios de comunicación.
Los presidentes de la SIP, Christopher Barnes y de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Roberto Rock, subrayaron la importancia de la función de la prensa cuando existen situaciones de tensión política. Coincidieron en que «acceder a distintas fuentes de información y posiciones es un valor agregado para la sociedad a la hora de tomar decisiones».
Barnes, director general del diario jamaiquino The Gleaner y Rock, director del portal mexicano de noticias La Silla Rota, condenaron los recientes ataques y coincidieron en que «es un error culpar como causantes de la crisis política a los periodistas y a los medios debido a su tratamiento informativo de lo que sucede en el país».
Anoche fue atacada y quemada la casa de la periodista Casimira Lema del canal universitario de La Paz. Los periódicos El Diario y Página 7 no circularon este lunes debido amenazas de que serían incendiados. En la ciudad de Santa Cruz fue destruida Radio Ichilo y en Cochabamba fue atacado el canal universitario.
En otros episodios recientes, la planta de transmisión del canal privado Unitel fue incendiada interrumpiendo la señal del medio en las ciudades de El Alto y La Paz. Según la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), la policía logró impedir que un grupo de violentos afectara a los medios Red Uno y el canal de la universidad estatal (TVU), contiguos a Unitel. En la ciudad de Oruro fueron saqueados e incendiados los estudios de radio y televisión Mega, propiedad del alcalde Saúl Aguilar.
Por otra parte, las sedes de las estatales Boliviatv y de la radio Patria Nueva en La Paz fueron bloqueadas por manifestantes que impedían el acceso o salida de los trabajadores de ambos medios. Los actos de intimidación forzaron a ambos medios a suspender sus transmisiones. También fue agredido y amenazado el director de la radio Comunidad, José Aramayo.