Mercedes Lu De Lama, representante de la Alianza Mundial de Derecho Ambiental (ELAW), dio a conocer el hallazgo de arsénico por encima de lo seguro para el ecosistema en 51 de 97 muestras de sedimento de los ríos que se dragarán con el proyecto Hidrovía Amazónica.
“Tengamos en cuenta que con el dragado se vertiría 3 millones de metros cúbicos de material dragado a los ríos y que en más de la mitad de las áreas de dragado, este contiene un alto grado de arsénico, sustancia potencialmente tóxica y agente cancerígeno”, aseveró.
A dichas características se le suman dudas sobre los aspectos técnicos del proyecto. Diego Saavedra, especialista de Asociación Civil Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR), explicó que la Hidrovía Amazónica preveía inicialmente un dragado en 13 zonas, lo que supone perforar el fondo de los ríos para permitir el paso de las embarcaciones. “Sin embargo, hasta la fecha no sabemos la cantidad ni ubicación exacta de estas áreas dedragado.. El proyecto no considera que en los ríos existe todo un ecosistema de peces que pueden verse afectado”, aseveró.
Lo antes señalado y las precupaciones relacionadas al impacto al recurso hídrico, hace que las comunidades rechacen la Hidrovía Amazónica, ya que no representa beneficios para la comunidad y, por el contrario, pueda perjudicar la vida y el bienestar de la población.
Hablamos de 424 comunidades que hoy dependen del agua de los ríos, haciendo uso directo de ella. Así lo señaló Jamner Manihuari, presidente de la organización indígena Corpi San Lorenzo de Loreto, que congrega a 26 organizaciones de base de la zona. “Los pueblos se sienten amenazados por este proyecto ya que puede dañar la vida de nuestros hermanos, entendiendo que las comunidades no tienen servicios básicos ni contamos con agua tratada. Afectaría a pueblos indígenas e incluso a comunidades no indígenas”, aseveró.
Durante la presentación “Hidrovía Amazónica: ¿qué revela el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto?” organizado por DAR, Aidesep, CORPI SL, ELAW y la Coalición Regional por la Transparencia y la Participación, Manihuari también cuestionó que el proyecto no considere que el río es el principal sustento económico para las comunidades, quienes viven de la pesca.
“Estaríamos tocando elementos vitales de la población indígena. Nosotros vivimos de la pesca, de ello nos alimentamos e incluso pescamos para luego venderlo. Por ejemplo, los peces migratorios no tienen hora ni día. Están en continuo desplazamiento. ¿Se ha medido qué pasará con ello? Para nosotros, una hidrovía no genera ninguna oportunidad de bienestar. Este proyecto no tiene rostro humano porque no va a medir las consecuencias que va a tener nuestra población”, agregó.
En la misma línea se pronunció el presidente de la organización indígena Aidesep, Lizardo Cauper, quien advirtió que existe preocupación sobre el proyecto ya que no respeta la cultura y el conocimiento de la comunidad que vive en la zona. “Nuestros sabios y ancestros están preocupados porque el proyecto implica dragados que no coindicen con lo que nosotros pensamos. Queremos un desarrollo sustentable y que beneficie a los pueblos indígenas, tomando en cuenta qué es lo que conocemos los pueblos indígenas. También estamos preocupados por los antecedentes negativos de la empresa china que forma parte del Consorcio”, agregó.
Proyecto sin rostro humano
Todo el proceso de conformación del proyecto ha demostrado poco respeto por el consenso social. En el 2012 se aprobó el estudio de prefactibilidad de la Hidrovía Amazónica. El proyecto no había considerado la participación de las organizaciones indígenas hasta este punto, en que por exigencia de las comunidades -ratificada por una resolución del Poder Judicial- se realizó un proceso de consulta previa en el 2015.
La polémica vigente ronda sobre el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Este documento, que debió presentarse en noviembre del 2018, se presentó con un retraso de un mes. Al recibirlo, Senace advirtió que no se podía declarar procedente por falta de un taller informativo.
Dicho taller se desarrolló en enero del 2019. No obstante, el consorcio pidió ante Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – Senace que se evalúe el mismo EIA presentado en diciembre. El consorcio señaló que en dicho taller no se obtuvo nueva información. Lo hizo mediante un recurso de reconsideración que finalmente fue declarado infundado.
En abril se volvió a presentar un estudio de impacto ambiental y también fue observado. Recién en mayo, el Senace aceptó el estudio. Actualmente estamos en una ventana de 135 días que se vencerían en noviembre, cuando Senace emitirá una resolución aprobando o rechazando el estudio. El documento ya ha sido elevado a entidades como la Autoridad Nacional del Agua y el Sernanp, que deben dar obligatoriamente una opinión sobre el proyecto.
Por ello, es importante que el Senace y los opinantes técnicos puedan ser rigurosos en su análisis del EIA y frente a estos vacíos y problemas, declarar este proyecto inviable.
Fuente: DAR