Pese a que el Tribunal Constitucional falló hace más de dos meses en contra del cobro por impugnación de resoluciones administrativas; ministerios, municipalidades, gobiernos regionales y otras entidades públicas insisten en seguir cobrándolo ilegalmente en perjuicio del usuario.
Según denunció hoy la de Comercio de Lima (CCL), la gran mayoría de entidades públicas no ha eliminado de su Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) esta exigencia inconstitucional, pese a que han transcurrido más de dos meses desde que el Tribunal Constitucional sentenciara que es contrario a los derechos constitucionales, cobrar como condición o requisito para impugnar resoluciones administrativas.
De todas las instituciones públicas, a la fecha sólo cinco municipalidades de la capital, Lima, Callao, San Martín de Porres, La Molina y San Borja; y el gobierno regional de Amazonas han eliminado este cobro de sus TUPA, pero el resto de entidades públicas del país, se encuentra en franco desacato del fallo emitido por el Tribunal Constitucional.