En el marco del Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad, una denuncia penal interpuesta por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas (Devida) contra dos servidores públicos de la Oficina de Coordinación Caballococha, en Loreto, generó la intervención de la policía y fiscalía anticorrupción para determinar sus responsabilidades en un proceso de licitación irregular.
Se trata del coordinador técnico de la Oficina de Coordinación Caballococha, Haroldo Linares Cambero; y del técnico en logística, Elías Sánchez Shapiama. Ellos habrían ejercido presión sobre el proveedor ganador para que facture por un monto mayor al contratado, con el objetivo de apropiarse ilícitamente del dinero correspondiente a la diferencia.
La primera alerta de los presuntos actos de corrupción fue reportada por el mismo proveedor a la jefa de la Oficina Zonal Iquitos, Ana María Vanini Laura, el 28 de diciembre del 2018. Luego de recabar las evidencias necesarias, con apoyo del agraviado, esta interpuso el 14 de enero pasado una denuncia penal contra los involucrados, ante la Fiscalía Especializada de Delitos de Corrupción de Funcionarios de Nauta.
Los hechos
De acuerdo con el relato del proveedor, los servidores públicos implicados le pidieron emitir una factura por dos mil soles, cuando el monto licitado por sus servicios de transporte fluvial para una acción comunitaria era de solo mil soles. Asimismo, señaló que lo amenazaron con descartarlo para futuros concursos si es que se negaba a aceptar sus condiciones.
El proveedor indicó que a las 12:33 pm del 28 de diciembre del 2018 recibió en su celular un mensaje de texto de Sánchez Shapiama, solicitándole que efectúe un depósito de mil soles (la diferencia) a una cuenta de la Caja Piura, se informó a INFOREGIÓN.
Entre las 2:02 pm y las 3:48 pm, además, el proveedor manifestó que recibió cinco llamadas de Haroldo Linares Cambero. Durante las conversaciones, este le advirtió que no le deposite el dinero a Sánchez Shapiama, sino que se lo entregue a él mismo en efectivo y de manera personal.
Para reforzar su testimonio, el proveedor entregó copia de los documentos correspondientes y fotografías con los pantallazos de los mensajes de texto.
Ante la gravedad de la denuncia, Devida procedió a dar parte de los hechos a las autoridades competentes, como parte de una política institucional de integridad. En ese sentido, el presidente ejecutivo de Devida, Rubén Vargas Céspedes, señaló que “limpiaremos nuestra casa, caiga quien caiga”.