Argentina fue y sigue siendo una potencia agrícola mundial que alguna vez fue llamada “el granero del mundo”. Hoy, sin embargo, y tras una serie de cambios radicales en su sistema productivo, se encuentra en una verdadera encrucijada. La razón: el desarrollo desde 1996 de una agricultura industrial fuertemente dependiente de insumos tales como semillas transgénicas, pesticidas y fertilizantes, que ha generado cosechas récord de soya y maíz pero también un costado oscuro: el del costo humano y ambiental de todo este proceso.
El negocio de los agroquímicos mueve anualmente en Argentina cerca de US$3 millardos y no para de crecer. Cuando las malezas se vuelven resistentes a los plaguicidas previamente utilizados, se aumenta la dosis de esos productos o se los mezcla con otros, en un cóctel químico de derivaciones inciertas.
La expansión de la frontera agrícola ha provocado lo que vemos hoy: no sólo se siembra en su mítica Llanura Pampeana sino también en regiones ambientalmente mucho más frágiles, como el Chaco, en el norte e incluso la Patagonia, en el sur. Son 35 millones de hectáreas de cultivos que dependen de un estimado de 400 millones de litros de pesticidas. Y del total de la superficie sembrada, cerca de 32 millones de hectáreas son ocupadas anualmente por la soya transgénica resistente al glifosato, un pesticida catalogado en marzo de 2015 como “probable carcinógeno en humanos” por la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer, dependiente de la Organización Mundial de la Salud.
El proceso de transformación del campo implicó el ingreso a la Argentina, en 1996, de un tipo particular de semillas que habían sido lanzadas en EEUU apenas un año antes, que habían sido modificadas genéticamente en los laboratorios de la empresa Monsanto para hacerlas resistentes al herbicida “estrella” de la misma firma, el Round Up o glifosato. Era, en apariencia, el plan perfecto: un herbicida capaz de exterminar todas las malezas y una semilla de soya capaz de resistir a ese veneno que mataba todo a su alrededor. A ese dúo —sumado a un tipo de siembra sin laboreo conocido como “siembra directa”— lo llamaron “paquete tecnológico” y por muchos años nadie se atrevió a cuestionarlo.
Pero, junto con las cosechas récord, llegaron las malas noticias. Así, a poco del desembarco de las semillas transgénicas y sus venenos asociados, los habitantes de los pueblos cercanos a las zonas de cultivo comenzaron a quejarse de las constantes fumigaciones y a denunciar problemas de salud. Con avionetas surcando por el cielo y con máquinas fumigadoras por el campo —llamadas “mosquitos” porque semejan a un insecto de metal—, los agroquímicos impactaban sobre las poblaciones a lo largo de todo el ciclo de cultivo.
“Y si fumigan y después llueve, el olor a químico no se puede aguantar”, comenta a Noticias Aliadas Silvia, una vecina de la localidad cordobesa de Monte Maíz quien por seguridad prefirió mantener su apellido en el anonimato, donde se siembra sobre todo soya y maíz, ambos transgénicos.
Patologías asociadas a fumigaciones
Hoy, en Argentina, existen 300 principios activos que, en distintas combinaciones, dan como resultado más de 4,500 formulaciones de agroquímicos. Y, en promedio, se lanzan al mercado unos 10 productos nuevos al mes. Y mientras que en los últimos 20 años la superficie sembrada se incrementó en 62%, el consumo de herbicidas creció 1,000%, según datos de Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Los vecinos que viven cerca de las plantaciones vienen denunciando desde hace décadas toda clase de patologías que ellos asocian a las fumigaciones. Pero hubo que esperar hasta el 2010 para que ya no fueran sólo los vecinos sino también los médicos de esos pueblos los que alzaran la voz.
Ese año se realizó en Córdoba el Primer Congreso Nacional de Médicos de Pueblos Fumigados, en cuya declaración final se lee: “Los miembros de los equipos de salud de los Pueblos Fumigados de la Argentina, junto con los científicos, investigadores y académicos, convocados por la Facultad de Ciencias Médicas en esta Universidad Nacional de Córdoba, declaramos: Que, como los propios habitantes de los Pueblos Fumigados vienen denunciando desde hace varios años, es muy importante la agresión a la salud en las poblaciones de las localidades sometidas a fumigaciones constantes en la Argentina, y que la situación se agrava día a día. Que enfermedades severas como cánceres, abortos espontáneos, trastornos de la fertilidad y nacimiento de hijos con malformaciones congénitas se detectan ahora, con mucha mayor frecuencia”.
A ocho años de aquella primera declaración, la situación no ha hecho más que agravarse ante la absoluta impasibilidad (cuando no complicidad) de las autoridades. Sin importar su signo político, desde 1997, con la primera siembra de cultivos transgénicos, a la fecha, poco y nada han hecho para modificar esta situación. Quienes sí se han movilizado han sido los vecinos y vecinas, en un estallido de organizaciones locales que se replica en pueblos rodeados de cultivos como Canals, Monte Maíz, Malvinas Argentinas, San Salvador o Bolívar. Siempre son los casos de cáncer o las muertes (por cáncer o por intoxicación con plaguicidas, como en el caso de los niños Nicolás Arévalo en el 2011 o José Rivero en el 2012, en las tomateras de Corrientes) los que disparan la reacción popular.
Verduras y frutas contaminadas
De norte a sur, el drama de las fumigaciones se transforma así en lucha ciudadana y busca —cuando no impedir— al menos alejar los venenos mediante la legislación protectora (leyes locales que han creado lo que se conoce como “zonas buffer” o de resguardo, próximos a los poblados, donde no se puede fumigar. Estos pueden medir 200 o 500 m desde la última casa habitada). Pero los logros de la población han sido mayores. En el 2016, después de más de dos años de lucha, la población de Malvinas Argentinas logró impedir la instalación de una planta industrial de Monsanto en esa localidad de la provincia de Córdoba, y en el 2012 se dictó la primera condena a un fumigador y al dueño del campo en la localidad cordobesa de Anexo Ituzaingó, donde el cáncer y otras enfermedades habían afectado a la población. Este fue, de hecho, el primer juicio de este tipo ganado en Latinoamérica.
“Pero con todo el tiempo que pasó y todos los avances que tuvimos, los enfermos y los muertos siguen acumulándose”, comenta a Noticias Aliadas Andrea Kloster, de la localidad de San Salvador, provincia de Entre Ríos. Este pueblo de 13,000 habitantes es conocido como la “Capital Nacional del Arroz” pero desde el 2013 también ha saltado a la fama por otro motivo bastante más triste: la cantidad de enfermos y muertos por cáncer que hay entre sus pobladores.
Kloster conformó junto a sus vecinos una organización llamada Todos por Todos y organizó 13 marchas en la localidad denunciando la enfermedad y las muertes. Finalmente lograron que tres universidades nacionales comprobaran que lo que decían los vecinos era verdad: las cifras de cáncer, así como los abortos espontáneos, están notablemente aumentadas en San Salvador. Si la cantidad de nuevos enfermos de cáncer por año en Argentina es de 22 cada 10,000 habitantes, en San Salvador es de 38, casi el doble. Pero, además, allí la principal causa de muerte son los tumores malignos.
“La gravedad de lo que nos pasa no ha logrado cambiar en serio la situación. Las fumigaciones siguen adelante y los enfermos, también”, resume Kloster.
Para peor, y como bien han señalado ya muchos investigadores, el problema de la contaminación por agroquímicos no es ya un problema exclusivo de los llamados “pueblos fumigados”, sino que los venenos llegan hasta los habitantes de las ciudades a través de frutas, verduras, cereales y hortalizas. En el 2015, de hecho, una investigación de la Universidad Nacional de La Plata descubrió que casi 8 de cada 10 muestras de lechuga, tomate y pimiento morrón contenían restos de agroquímicos.
“Este no es un problema de pueblos fumigados sino un problema de salud pública mucho más vasto”, alerta a Noticias Aliadas el doctor Damián Marino, experto en dinámica de plaguicidas de la Universidad de la Plata. Cuánto tardarán las autoridades en tomar medidas efectivas al respecto es algo que todavía está por verse.
Fuente:
Fernanda Sández desde Buenos Aires/Noticias Aliadas