Brasil, una de las mayores potencias agrícolas del mundo, presenta números cada vez mayores de cosecha en el campo. Desde mediados de la década de 1990, el producto interno bruto (PIB) del agronegocio brasileño oscila entre US$313 millardos y $337 millardos anuales, representando del 20% al 25% del PIB brasileño, de acuerdo con el Centro de Estudios Avanzados en Economía Aplicada de la Escuela Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, de la Universidad de São Paulo.
La cosecha de granos en el 2017 fue de 240.6 millones de toneladas. El 10 de mayo del 2018 el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) hizo saber que la cosecha de este año será un poco menor, de 230 millones de toneladas, pero con crecimiento de la producción en 18 de las 26 cosechas investigadas. La cosecha de soja, por ejemplo, tendrá un récord histórico, de 115.6 millones de toneladas (un aumento de 0.7% en relación a la zafra anterior, que ya había sido un récord). Otras cosechas que verán un aumento, según el IBGE, son cebada (48%), trigo (32.5%) y avena (23.5%), entre otras.
Este significativo desempeño de la agricultura brasileña va acompañado, sin embargo, de una gran polémica sobre la forma en que se han alcanzado dichas cifras, y particularmente en lo referente a los impactos ambientales del modelo adoptado por el agronegocio.
La continuidad de la deforestación en la Amazonia, por ejemplo, y la consiguiente contribución a nuevas emisiones de gases de efecto invernadero, es atribuida por algunos sectores al formato del agronegocio en la región y también en áreas del Cerrado, extensa ecorregión de sabana tropical de Brasil con más de 1.9 millones de km² (22% del territorio brasileño) que abarca la totalidad o parte de los estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Minas Gerais, Bahía, la parte sur de Maranhão, Piauí, São Paulo y Paraná.
Según monitoreo del Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía, entre el 2015 y el 2016 se deforestó en la región el equivalente a 128 campos de fútbol cada hora.
A pesar de ello, Brasil sigue siendo visto como un país clave para la seguridad alimentaria mundial por organismos como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). El representante de la FAO en Brasil, Alan Bojanic, sostiene que el país “se convertirá en el principal proveedor para responder al aumento de la demanda global de importaciones de materias primas”. Como dijo en el 3º Foro del Agronegocio, en Brasília, en abril del 2018, “para el 2024, el 2027 estamos seguros de que Brasil estará produciendo 300 millones de toneladas de granos, lo que es clave para los que pensamos en la seguridad alimentaria de la población de todo el planeta”.
De acuerdo con algunos investigadores, la agricultura brasileña está buscando modelos más sostenibles. El jefe de la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria-Territorial, Evaristo Eduardo de Miranda, por ejemplo, dice a Noticias Aliadas que los sistemas de Integración Agrícola-Pecuaria-Forestal, presentes de forma creciente en Brasil, son una configuración “ejemplar en términos de protección de los recursos naturales y de la biodiversidad”.
Miranda señala que Brasil destina el 7.6% de su territorio al cultivo agrícola, “con mucha tecnología tropical y profesionalismo”. Es decir, mucho menos que la mayoría de países, que usan entre el 20% y el 30% de sus territorios para la agricultura. “Los miembros de la Unión Europea utilizan entre el 45% y el 65%; EEUU, el 18.3%; China, el 17.7%; India, el 60.5%”, informa Miranda
La controversia sobre los agrotóxicos
Uno de los puntos más críticos relacionados con el modelo dominante de la agricultura en Brasil es el relacionado con el uso intensivo de los agrotóxicos. Son múltiples las voces que citan que el país es el mayor consumidor de agrotóxicos en el mundo.
Esta posición es mantenida desde el 2008 por Brasil, de acuerdo con la Asociación Brasileña de Salud Colectiva (ABRASCO). Un informe elaborado y divulgado por ABRASCO en julio pasado evidenció que el 64% de los alimentos en Brasil estarían contaminados por agrotóxicos, y que 84.206 intoxicaciones por esos productos fueron notificadas en el Sistema Único de Salud entre el 2007 y el 2015, sobre todo entre agricultores y trabajadores rurales. Entre el 2000 y el 2012 habría aumentado en un 288% el uso de los agrotóxicos en Brasil, llevando a un incremento en la facturación de la industria de agrotóxicos de más de $10 millardos.
La polémica sobre el uso de los agrotóxicos se intensificó con la presentación del Proyecto de Ley (PL) 6299/02 en el Congreso Nacional que flexibiliza el uso de esos productos en Brasil, con cambios en las reglas de registro, fiscalización y control de estos. El informe del relator de la propuesta de PL, el diputado Luiz Nishimori, del Partido de la República (PR) por el estado de Paraná, fue aprobado el pasado 25 de junio por 18 votos a favor y nueve en contra en la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que analiza la propuesta.
Ahora el proyecto aguarda fecha para la votación en el plenario de la Cámara de Diputados, lo que probablemente ocurrirá recién después de las elecciones generales del 7 de octubre, con probable segunda vuelta para presidente de la República el 28 de octubre.
El PL 6299/02 es defendido por poderosas organizaciones del sector agrícola, como la Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil (CNA). Con ocasión de la votación en la Comisión Especial, el coordinador de Tecnología de la CNA, Reginaldo Minaré, dijo que “los pequeños agricultores que trabajan con cultivos pequeños ciertamente pueden tener una ganancia significativa, porque son los principales perjudicados por la morosidad del sistema”.
Sectores de la sociedad civil y del ámbito científico han desencadenado una fuerte movilización en contra del PL, al que denominan “Paquete del Veneno”, por el potencial impacto negativo que tendrá en la salud de los brasileños el incrementar el uso intensivo de agrotóxicos en el país.
Por otro lado, dichos sectores se han movilizado a favor del PL 6670 del 2016, de la Comisión de Legislación Participativa, que “instituye la Política Nacional de Reducción de Agrotóxicos (PNARA)”. En internet se creó la plataforma Basta de Agrotóxicos (https://www.chegadeagrotoxicos.org.br/) en apoyo a la aprobación del PL 6670. La propuesta ya recibió el respaldo de más de 1.5 millones de firmas.
“Entre los objetivos de esta política está el reducir, gradual y continuamente, la disponibilidad, acceso y uso de agrotóxicos, así como desestimular económicamente su uso y estimular los sistemas de producción sin químicos, prácticas de manejo sostenibles y agroecológicas creando zonas libres de la influencia de pesticidas y transgénicos”, sostiene el diputado Pedro Uczai, del Partido de los Trabajadores por Santa Catarina, que apoya el PL 6670.
La PNARA es una adaptación de la versión elaborada en el 2012 por la sociedad civil y sectores del gobierno federal en el marco de la Política Nacional de Agroecología y Producción Orgánica. Con la destitución en el 2016 de la presidenta Dilma Rousseff (2011-2016), estas políticas no se llevaron adelante. Organizaciones como Greenpeace Brasil, el Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor, ABRASCO y la Asociación Brasileña de Agroecología apoyan la plataforma Basta de Agrotóxicos.
Agricultura orgánica
De hecho, existe un esfuerzo importante, entre muchos científicos, centros de investigación y organizaciones no gubernamentales, para que Brasil adopte un modelo cada vez menos dependiente de los agrotóxicos y de bajo impacto en el medio ambiente de forma general.
El caso del estado de São Paulo es particularmente interesante. Entre el 2015 y el 2016, el número de productores en la agricultura orgánica de São Paulo creció un 17%, de 1,361 a 1,592. En el 2017 ya había 1,967 agricultores orgánicos, 23.6% más. En todo Brasil ya hay de 15,000 a 16,000 agricultores orgánicos, de acuerdo con el Catastro Nacional de Productores Orgánicos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento.
En el estado de São Paulo, 257 de las 645 municipalidades poseen algún proyecto de agricultura orgánica.
“Ha aumentado mucho la demanda del consumidor, en función de las preocupaciones por la salud, pero también se está implementando una sólida política de apoyo técnico a los agricultores que desean hacer la transición de la agricultura convencional a la orgánica, y eso representa un gran cambio”, indica a Noticias Aliadas Sebastião Wilson Tivelli, investigador científico de la Agencia Paulista de Tecnologías de los Agronegocios, de la Unidad de Investigación y Desarrollo de la municipalidad de São Roque.
La tendencia es de un crecimiento aún mayor en el mercado de los orgánicos, señala Tivelli. Cita el caso de una cooperativa de agricultores con sede en Ibiúna. “De cada 10 nuevos clientes que les compran, nueve piden productos orgánicos”, informa.
Para el investigador, debe relativizarse la expresión “Brasil campeón mundial en consumo de agrotóxicos”.
“Brasil es inmenso, tiene un clima tropical, no enfrenta inviernos rigurosos como EEUU”, explica. “Además, en Brasil, que tiene una de las mayores áreas agrícolas del mundo, se recogen dos o tres cosechas por año en una misma área. Entonces, hablar de mayor consumidor de agrotóxicos del mundo llega a ser una redundancia”.
El 3 de agosto, la jueza federal Luciana Raquel Tolentino de Moura había dictaminado que se suspenda el registro de tres agroquímicos, el glifosato entre ellos, y que no se registren nuevos productos que los contengan, hasta que la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, un organismo federal, concluya su reevaluación de la toxicidad de las sustancias, la que ya lleva años. Sin embargo, el 4 de setiembre la justicia brasileña revocó dicha decisión argumentando que dicha suspensión supone daños a la economía.
Si bien Tivelli admite que sí existen problemas relacionados con el uso en Brasil de moléculas que ya han sido prohibidas en otros países, como el caso del glifosato, de uso intensivo en algunos cultivos, no considera adecuada la prohibición inmediata, por acto judicial, del uso de esos productos, en la medida en que el agricultor, sobre todo pequeño, no está en condiciones de cambiar sus procesos de un año a otro.
Tivelli, así como muchos investigadores, defiende una transición planificada hacia una agricultura más sostenible, lo que viene ocurriendo con la agricultura orgánica en algunas regiones del estado de São Paulo. Y en ese sentido, para él es fundamental la movilización social, que ya llevó por ejemplo a la constitución, en el Poder Legislativo de dicho estado, de un Frente Parlamentario de Defensa de la Producción Orgánica y de la Política Estadual de Agroecología y Producción Orgánica.
La agricultura, en un país con 8.5 millones de km² y 207 millones de habitantes, es con certeza una actividad compleja y debe continuar generando mucha polémica. Una controversia que, desgraciadamente, ha aparecido poco en la actual campaña para la presidencia de la República.
Fuente:
José Pedro Soares Martins desde São Paulo
Boletín “Noticias Aliadas”
24 de setiembre del 2018
Comunicaciones Aliadas