Según el Ministerio de Salud (Minsa), se tienen registrados, a nivel nacional, 8 954 casos de personas expuestas a metales pesados durante el periodo comprendido entre el año 2016 y marzo del 2018. Las principales fuentes de contaminación serían las actividades extractivas y la presencia de estos metales pesados en el agua de consumo humano.
En el mes de marzo del presente año, el Minsa dispuso conformar la Comisión Sectorial encargada de elaborar y proponer la “Política Nacional para la atención integral de las personas expuestas a metales pesados, metaloides y sustancias químicas” en el plazo de 60 días hábiles, lamentablemente han pasado seis meses y todavía no se cuenta con una política integral.
Lejos de ponerse a disposición de la ciudadanía la propuesta de Política, el mes pasado el Minsa dispuso la publicación del Documento Técnico: “Lineamientos de Política sectorial para la atención integral de las personas expuestas a metales pesados y otras sustancias químicas” el cual no se enmarca en lo dispuesto en las normas vinculadas a las políticas nacionales, anotó la Adjunta para el Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo, Alicia Abanto.
La Defensoría del Pueblo ha advertido serias deficiencias en el diagnóstico publicado, por lo que recomendó que se incorpore nuevas áreas de trabajo sobre la materia en Loreto, Amazonas, Huancavelica, entre otros. Así también, que se comprenda dentro de las fuentes contaminantes a las actividades de hidrocarburos, por estar vinculadas a afectaciones al derecho a la salud de las comunidades nativas de Loreto y Amazonas.
“Nuestra institución observa que el documento técnico publicado no corresponde a la propuesta de política. Tampoco cumple con el procedimiento para la elaboración, estructura y contenido previstos en el Reglamento que regula las Políticas Nacionales, aprobado por el Decreto Supremo Nº 029-2018-PCM, emitido también el pasado mes de marzo, anotó la funcionaria.
Cabe recordar que la Defensoría del Pueblo recomendó al Minsa que se dispongan las acciones necesarias a fin de priorizar la culminación de la elaboración y publicación de la propuesta de “Política Nacional para la atención integral de las personas expuestas a metales pesados, metaloides y sustancias químicas” y que la misma cumpla con el procedimiento estructura y contenido previsto en el marco jurídico vigente.
Abanto anotó que una debida atención a esta problemática demanda un carácter multisectorial con responsabilidades compartidas, que involucre a todas las autoridades competentes en la materia; por lo cual recomendó que la Política contemple la participación de otros ministerios con competencias en la materia, tales como el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, entre otros