La reciente propuesta del Almirante Jorge Montoya Manrique, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, de repotenciar a los Comités de Autodefensa (CAD) en las zonas rurales afectadas por los remanentes de Sendero Luminoso, podría ser peligrosa para el Estado.
Según Rubén Vargas, analista en temas de seguridad, el narcotráfico sería el más beneficiado con esta medida.
El abogado reconoció que en su momento fue necesario organizar y dotar de armas a los CADs de Ayacucho y Huancavelica para que se defendieran de las huestes subversivas. Sin embargo, superado ese problema, el vínculo entre ronderos y Fuerzas Armada se fue debilitando, y ahora casi no existe control sobre las escopetas y otros equipos entregados en los años 90’.
Entre tanto, la situación política en los valles cocaleros ha favorecido una alianza delictiva de algunas organizaciones de autodefensa con los narcotraficantes, a quienes les brindan protección para la producción y transporte de la mercancía ilegal. Surge así el riesgo de que las nuevas armas entregadas por el Estado, en lugar de servir para la defensa ante las bandas terroristas, se empleen contra las fuerzas policiales, enfrentándolas durante las acciones de erradicación y control del tráfico ilícito de drogas.