El presidente de las comunidades nativas de Masisea y Callería, Edwin Chota, denunció ante la Oficina Defensorial de Ucayali, con sede en Pucallpa, la tala indiscriminada de los bosques de la Cuenca del Tamaya, por parte de extractores ilegales de madera.
Esta práctica delictiva se produce luego que el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) superpuso concesiones forestales en territorios que ancestralmente han pertenecido a los nativos.
Según INRENA, dichas comunidades no cuentan con títulos de propiedad, por lo que las tierras son libres de entregarse en concesión. Cuatro de las cinco comunidades shipibas de este sector, entre ellos Alto Tamaya, California, Cametzary y Nueva Amazonía, se encuentran en esta situación; a excepción de San Miguel de Shambira.
La jefa de la oficina defensoría de la región, Margoth Quispe Anaya, junto al dirigente nativo, sostuvo una reunión con el presidente regional, Jorge Velásquez, a quien planteó que se constituya las rondas campesinas a fin de resguardar la seguridad de los pobladores de esta zona.