En el 2016 el número de casos de trata de personas aumentó un 29% en relación con el año anterior, según el informe “Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual en Agravio de Mujeres Adultas” realizado por la Defensoría del Pueblo, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas, así como con el financiamiento de la Cooperación Española.
En evento que contó con la presencia del Presidente del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo, el Encargado de Negocios de la Embajada de España y la representante del Fondo de Población de la ONU; la Defensoría presentó el estudio que señala que el 94% de las víctimas de trata son mujeres; siendo Lima y el Callao las regiones con mayor número de denuncias por este delito con 1 475 casos, seguidas por Madre de Dios y Cusco, con 369 y 279 casos respectivamente.
El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, indicó que para hablar de una verdadera democracia se debe primero garantizar la libertad e igualdad de las mujeres, tema en el que aún hay aún mucho trabajo por realizar.
El informe también señala que solo el 25% de las víctimas culminaron la educación básica regular, mientras que el 42% tenías hijos. La falta de acceso a la educación y la responsabilidad familiar contribuyen a conformar una situación de vulnerabilidad; más aún, si el 64% de los procesados por este delito utilizaron el mecanismo de la falsa oferta de trabajo, tal como señala la investigación.
Por su parte, el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, dijo que para combatir la trata no solo hace falta normas, sino una política de Estado que involucre gobiernos regionales, municipalidades y otras instituciones.
“El Estado debe combatir delitos madre, como la minería ilegal, que producen trata de personas. Y se debe enfrentar con fuerza estos delitos. Desde el Poder Judicial haremos lo que nos corresponde”, indicó el funcionario.
El informe recomienda a la Policía Nacional incorporar una formación especializada y sostenida sobre violencia contra las mujeres con especial énfasis en la trata de personas. Entre las recomendaciones dirigidas al Poder Judicial se encuentra la implementación de juzgados penales especializados en delitos de trata de personas y afines, priorizando los departamentos con mayor índice de denuncias por este delito.
La investigación se realizó con la contribución del Fondo de Población de la ONU, así como con el apoyo financiero de la Cooperación Española. En este sentido el Encargado de Negocios de la Embajada de España dijo que la violencia de género es una grave violación de los derechos humanos y un problema de salud pública que afecta seriamente el progreso de los Estados y las sociedades, así como el proyecto de vida de las propias mujeres.
Finalmente, destacó el apoyo de La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) a diversas acciones para prevenir y promover la atención integral de las mujeres y las niñas víctimas de la violencia de género.