Perú y Chile firmaron un acuerdo binacional para combatir los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Ello durante Primer Gabinete Binacional liderado por los presidentes Pedro Pablo Kuczynski y Michelle Bachelet, así como los gabinetes de ministros de ambos países.
Este acuerdo bilateral sobre trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y delitos conexos fue negociado durante los últimos dos años, y se llegó a un consenso en las reuniones de equipos técnicos desarrollados en el Primer Gabinete Binacional.
Por tratarse de un instrumento jurídico de política exterior, el documento fue suscrito por los ministros de Relaciones Exteriores de Perú y de Chile. El contenido del mismo fue propuesto, discutido y consensuado por la Comisión Multisectorial contra la Trata de Personas del Perú y la Mesa Intersectorial sobre trata de personas de Chile, que son lideradas por los ministerios del Interior de ambos países.
Miguel Huerta Barrón, director general de Seguridad Democrática del Ministerio del Interior (Mininter), informó que las partes deberán elaborar un Plan Binacional de Trabajo en materia de trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y delitos conexos.
Este acuerdo buscará intercambiar información y buenas prácticas en la formulación de políticas, programas, actividades y acciones con miras a prevenir la trata de personas y los delitos conexos. Asimismo, se establece la ejecución de acciones de prevención de la trata de personas en las zonas fronterizas de ambos países, con el objeto de hacer más eficaz la prevención de este delito.
En el eje de persecución del delito, Perú y Chile se comprometieron a intercambiar información y buenas prácticas en la investigación del delito de trata de personas y delitos conexos que permitan la identificación de personas y organizaciones.
En el acuerdo binacional, Huerta Barrón aseguró que también se propone establecer un mecanismo de intercambio de información estadística sobre casos identificados y judicializados, así como de las prácticas en la investigación criminal del delito de tráfico ilícito de migrantes y delitos conexos.