Daysi Zapata, vicepresidenta de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, anunció hoy que todos los pueblos indígenas de la amazonía peruana iniciarán este 9 de abril una movilización nacional, exigiendo la derogatoria de la Ley Forestal, por considerarla atentatoria contra los territorios y pueblos del Perú.
Este anuncio lo hizo durante una conferencia de prensa, realizada durante el segundo y último día del Primer Encuentro Internacional de Pueblos Indígenas y Líderes Locales para la Defensa de Derechos y Conservación de los Bosques, que agrupa a 70 organizaciones indígenas de Latinoamérica.
A este anuncio debe agregarse que las organizaciones representativas de Pueblos Indígenas y Líderes de Bolivia, México, Guatemala, Argentina, Ecuador, Costa Rica, Colombia, Brasil, Venezuela, Estados Unidos y Perú reconocieron que al bosque no se le puede tratar fragmentadamente, sino como una integridad, es decir, el derecho a tener un territorio reconocido para los pueblos indígenas que incluye el bosque con todos sus componentes (vuelo de la masa boscosa, flora, fauna, sus servicios ambientales y los otros recursos naturales) y su interrelación entre sí.
Principales conclusiones del Encuentro
Por lo tanto, algunas conclusiones a las que arribaron son y difundieron a través de un comunicado, son, entre las principales, “No permitir decisiones arbitrarias sobre la Amazonia sin la consulta previa a los pobladores locales básicamente los pueblos indígenas (cumplimiento del Convenio 169 de la OIT), de prosperar esta agresión por parte de los gobiernos o industrias extractivas, el movimiento indígena se declara en movilización inmediata recibiendo la adhesión y reacción de las organizaciones indígenas internacionales, quienes interpondrán las acciones ante los foros nacionales e internacionales pertinentes”.
En ese sentido, exigen la derogatoria de la Ley 29317 (Ley de Modificación del D. Leg. 1090 y de los D. Leg 1064, 994, D. Le. 1090. Así también, apoyarán los levantamientos indígenas que buscan la defensa de sus derechos mediante protestas no violentas como alternativa luego de un diálogo frustrado con el Gobierno Peruano, las cuales se iniciarán en el Perú este 09 de abril.
Asimismo, se ha conformado una red de acción rápida internacional entre los representantes de los pueblos indígenas y actores locales del bosque, quienes tienen por misión velar por la sostenibilidad de los bosques y la defensa de los derechos locales, quienes a la vez fortalece y asiste a la COICA y CICA.
Otra medida que adoptarán es la “exhortación al Congreso de la República y al Poder Ejecutivo norteamericano, la revisión inmediata de la certificación del cumplimiento de compromisos del Perú para la puesta en rigor del TLC que aprobó el saliente presidente George Bush de EE UU, puesto que el paquete de Decretos Legislativos emitidos por el congreso peruano entre ellos la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre no fue consultado a nadie, de lo contrario vulnera el derecho de los pueblos indígenas, pone en riesgo la sostenibilidad de los bosques amazónicos ha descontado la oposición consensuada de la sociedad civil y actores del bosque, Defensoría del Pueblo, la Comisión de Pueblos Amazónicos del Congreso, colisiona con el propio TLC ya que incumple el Anexo Forestal 18.3.4., sumada a ello que es considerado inconstitucional”.
Por su parte, Sandro Chávez, Secretario Ejecutivo del Colectivo Forestal, uno de los organizadores de este seminario, sostuvo durante la conferencia de prensa que la Comisión de Medio Ambiente y Ecología del Congreso, en el cado del DL 1090, ya tiene un dictamen de un proyecto de ley que está aprobado.
«Lo mejor sería que este dictamen pase al pleno, se debata y se apruebe, y así se derogue de una vez el DL 1090 y su modificatoria», enfatizó Chávez.
El seminario ha sido organizado por la Asociación Interetnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP junto a las organizaciones de la sociedad civil Colectivo Forestal, Foro Ecológico del Perú y la Sociedad Peruana de Ecodesarrollo- SPDE. Las conclusiones serán producto del debate de los 70 representantes de organizaciones indígenas y de la sociedad civil de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, EE.UU, Guatemala, México, Venezuela y Perú.
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