El ex ministro del Interior Fernando Rosigliosi señaló que la posible sanción constitucional que reciba del Congreso de la República forma parte de una «venganza política» por haber denunciado el escándalo de los petroaudios que remeció hace poco al actual gobierno.
El periodista podría ser inhabilitado del ejercicio público por cinco años, acusado por haber suscrito en el 2002 dos convenios con la ONG Proética para garantizar la transparencia de las licitaciones públicas del Ministerio del Interior.
“Se trata de una represalia política de la alianza corrupta de apristas y fujimoristas para sancionar a alguien que ha denunciado la corrupción. Como se recuerda, la denuncia de los petroaudios la hice yo, en octubre del año pasado y como venganza han aprobado esa absurda acusación”, declaró.
Señaló que la posible sanción sería un error porque nunca hubo pago de dinero a Proética y calificó de ignorante a la congresista María Elena Moyano por señalar que esa ONG habría recibido 45 mil dólares por la firma de ese convenio.
“La subcomisión de Acusaciones Constitucionales dice explícitamente que no hubo delito alguno. Si hubiese algo irregular, ya me hubieran denunciado ante la fiscalía y el Poder Judicial. El Congreso me sanciona por cuestiones políticas”, sostuvo.
Acusación viola la Constitución
El ex ministro del Interior señalo que la acusación era inconstitucional porque cesó en el cargo en junio del 2002 y pasados cinco años ya no procede alguna acusación del Congreso.
“Cualquier delito debe verse en el Poder Judicial. Pero como ellos mismos (los congresistas) señalan que no existe, no lo pueden hacer. Me están sancionando mediante el Congreso y violando la propia Constitución”, manifestó.
“La señal que le están dando al país es que nadie puede denunciar casos de corrupción porque de inmediato será sancionado”, añadió.
No quieren investigar los petroaudios
Por otro lado, Fernando Rospigliosi señaló que ya han pasado seis meses desde que se denunció el caso de los petroaudios y la corrupción dentro del gobierno, sin que las autoridades investiguen el caso como debe ser.
“Hemos en visto en la televisión que las computadoras y los audios están empaquetados y seguirán así porque el gobierno acaba de promulgar una ley cambiando las reglas de juego en los procesos judiciales de chuponeo, lo que ha ocasionado que la jueza deje el caso”, declaró.
