A través del Decreto Legislativo N°1244 el Gobierno dispuso sancionar con penas que van de seis a 15 años de prisión a quienes, sin estar debidamente autorizados, fabriquen, modifiquen, almacenen, comercialicen o tengan en su poder armas de fuego de cualquier tipo.
La misma pena aplica para quienes suministren o posean artefactos explosivos o materiales destinados a su preparación y un castigo similar recibirá quien preste, alquile o trafique dichos artefactos, al igual que la persona que los transporte sin estar debidamente autorizado.
“Quien porta un arma ilegal no lo hace para defenderse, sino para hacerle daño a otro. Eso ahora se castiga con prisión efectiva y delito de flagrancia. No hace falta que el criminal encañone a su víctima, basta con que la tenga para irse a las rejas. Estamos haciendo grandes operativos al respecto y los capturados se van a prisión”, dijo el ministro del Interior, Carlos Basombrío.
Tras precisar que se trata de un proceso largo y que los resultados no son perceptibles rápidamente, Basombrío manifestó que “para luchar contra el hampa hay que ser creativos, pero firmes. Va a llegar un momento en que se empezará a notar, de la misma forma como cuando uno se da cuenta que ahora tiene más plata en el bolsillo porque la economía mejora”.