El experto en temas de narcotráfico, Rubén Vargas, sostuvo que la Convención de Viena es el instrumento que sirve de marco legal internacional para regular las acciones contra el narcotráfico y los cultivos que sirven como materia prima para la fabricación de drogas, como lo son la hoja de coca, la amapola o la marihuana.
“Son convenios internacionales muy importantes que el Perú ha suscrito en todos sus extremos, es decir, sin ningún tipo de reserva, y que en virtud a los cuales, especialmente a la Convención de Viena de 1961, el Estado peruano se ha comprometido a controlar los cultivos ilícitos de hoja de coca”, explicó en Diálogo Ciudadano, de INFOREGIÓN.
Agregó, al respecto, que la Convención de 1961 también fija las pautas a las que se debe ceñirse cada Estado suscriptor en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas.
Del mismo modo, indicó que posteriormente, en el año 1988, se suscribieron otros convenios donde se rectificaron algunos temas referidos al consumo tradicional o chacchado.
“En conjunto, ambas convenciones aseguran el cultivo de la hoja de coca tradicional, obligan al Estado a erradicar la hoja de coca excedente y también reconocen el derecho consuetudinario que tienen las comunidades alto andinas al consumo tradicional de la hoja de coca”, refirió el experto.
“Es decir, que en virtud al convenio, la población que tiene por costumbre el picchado o chacchado tiene garantizado ese derecho y el Estado está en la obligación de reconocerlo y protegerlo”, enfatizó.
Denunciar Convención de Viena es prácticamente imposible
Con relación al pedido de los cocaleros de legalizar la industrialización de la harina de coca, el especialista consideró que el pedido implicaría que el Perú denuncie la Convención de Viena, es decir que renuncie a ella, lo que – precisó – es un hecho prácticamente imposible.
“Son más de 150 países, prácticamente la totalidad de los países integrantes de la ONU los que suscribieron la Convención, por eso es que resulta prácticamente imposible denunciarlo o retirarse de estos instrumentos internacionales”, señaló.
Finalmente, explicó que, aún en caso que el Perú decida denunciar o retirarse del acuerdo, no se podría tener a la coca comercializándose libremente o exportándose, pues para que esto suceda sería necesaria la denuncia de los países integrantes del convenio, lo que “es un imposible jurídico y nunca se ha visto en la historia de Naciones Unidas”.