En la semana de debate de la Ley General de Presupuesto de la República 2017, Save the Children y la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza exhortan al Congreso de la República a incrementar el presupuesto público para la atención a la niñez que sufre violencia física, psicológica y sexual a través de la creación del Programa Presupuestal contra la Violencia Sexual.
El pedido se sustenta en las cifras de violencia que afecta la población de niñas, niños y adolescentes que señalan que el 34.6% de adolescentes han sido víctimas de violencia sexual. También se reporta que el 73,8% de niñas y niños ha sido víctima de violencia física o psicológica por parte de algún familiar. Dentro de la escuela, se registra que de 74 de cada 100 adolescentes ha sido víctima de violencia física o psicológica.
En lo que respecta a madres adolescentes, 190 mil adolescentes de 15 a 19 años son madres o están embarazadas. Esta cifra podría ser mayor y superar los 195 mil si tenemos en cuenta los más de 2 mil 200 partos anuales atendidos por el SIS entre adolescentes de 11 a 14 años. De igual forma, se registra un incremento superior al 25% de adolescentes embarazadas en ocho regiones del Perú (Ica, Piura, Callao, Cusco, Huancavelica, Tumbes, Pasco y Huánuco).
Al respecto, Federico Arnillas, Presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza manifiesta que es necesario contar con un Programa Presupuestal de carácter estratégico de protección a la infancia y adolescencia frente a la violencia física, psicológica y sexual cuyo gasto debe orientarse a la atención de las víctimas, prevención de la violencia, restitución de derechos y sancionar a los responsables.
“La propuesta de creación del Programa tiene como sustento la Ley 30362 que otorga rango de ley al Plan Nacional de acción por la Infancia y la Adolescencia (PNAIA), que declara de interés nacional y preferente la asignación de recursos públicos para el cumplimiento del PNAIA, señala María Villalobos, directora de Save the Children.
Actualmente, el gasto público en niñez asigna 62% para educación, 18% dirigido a salud, 9% orientado a protección social, 3% dirigido a saneamiento y 8% en otros.
En lo que respecta el gasto público según tipo de derechos, se puede observar que se asigna 54.9% en el derecho al pleno desarrollo de la niñez y adolescencia, 43.7% en el derecho a la supervivencia y 1.3% al derecho a la protección.
Menos del 1% está dirigido a proteger a la niñez contra la violencia. La inversión no guarda relación con el alto porcentaje de niños y niñas que sufren violencia sexual, físico o psicológica.
Como se aprecia, la inversión por cada niña, niño y adolescente víctima de violencia, no es suficiente. En ese sentido, Save the Children y la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, coinciden al señalar que sin presupuesto no hay derechos.