Dando resultados. En los primeros cien días de gobierno y en el marco de la intensificación de las acciones de lucha contra la corrupción, el Ministerio del Interior logró realizar exitosos operativos encubiertos a través de la Inspectoría General del sector (encargada de supervisar el control interno y los asuntos disciplinarios) y de la Inspectoría General de la Policía Nacional.
Si bien las pesquisas fueron abiertas en su mayoría por notas de inteligencia, cabe destacar que en varios casos se atendieron denuncias internas y externas a través de la Línea 1818 o amparándose en la reserva de identidad.
Entre estos últimos destaca el de un ciudadano que afirmaba estar siendo extorsionado por dos suboficiales de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Puente Piedra, en Ancón. Los agentes, según el relato de la víctima, le exigían un pago de S/. 20,000 soles para no incriminarlo por posesión ilegal de armas de fuego y drogas.
La rápida reacción de la Inspectoría General, en coordinación con la Fiscalía, permitió capturar a los malos efectivos en el preciso instante en el que recibían un sobre con el dinero marcado previamente por el denunciante.
Ellos fueron identificados como el SOT1 Wilfredo López Trujillo y el SOB Augusto Solano Serrano. Al primero se le impuso 5 años de pena privativa de la libertad efectiva y 5 años de inhabilitación, mientras que a su cómplice se le expidió una resolución de prisión preventiva de 3 meses.
Sin embargo, el grueso de las intervenciones emprendidas en la lucha contra la corrupción interna, obedecen a sospechas por robo de combustible en dependencias policiales en las regiones de Loreto, Piura (Chulucanas), Lima (Yauyos) y en Arequipa.
En el caso de Loreto, cuya intervención estuvo a cargo de la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú, según se informó, se registraba una pérdida sistemática de combustible en las embarcaciones fluviales de las subunidades policiales. Los autores del hurto resultaron ser los efectivos a cargo de la administración, custodia y mantenimiento de las naves.
El trabajo de inteligencia fue clave en Chulucanas para verificar que en la estación de servicios Petroperú “Daniel” diversas unidades policiales registraban falsas recargas de gasolina.
Un operativo conjunto entre la Inspectoría General del sector Interior y la Fiscalía Militar Policial acabó con la detención del SO2 PNP Edgar Torres Guzmán, en cuyo poder se encontraron 11 tarjetas Multiflota del Banco de la Nación, utilizadas para la recarga de combustible a los patrulleros, y 16 voucher de abastecimiento.
Los vehículos que figuraban en los recibos pertenecían a las comisarías de Chulucanas, Huancabamba, Salitral, Morropón, Yamango, Buenos Aires y La Matanza. De comprobarse el delito, la responsabilidad recaería sobre los jefes de administración y de cada unidad, además de los choferes asignados.
En Yauyos, entretanto, personal de la Inspectoría General PNP recabó serios indicios por manejo inadecuado de combustible y alimentos en el comisario de dicha localidad y los conductores de tres vehículos policiales. En la inspección se decomisó además un dispositivo para adelantar el odómetro de las unidades y alterar de ese modo la distancia recorrida por el patrullero.
En la Ciudad Blanca, con la intervención de la Inspectoría General PNP, se descubrió que una red dirigida por un comandante PNP no solo sustraía gasolina del Grifo Miguel Grau, sino que al mismo tiempo brindaba, presuntamente, servicios de seguridad remunerados, con personal y vehículos policiales de la comisaría El Pedregal, a una agencia del Banco de la Nación y a un camal.
Por lo pronto, se han iniciado procedimientos administrativos disciplinarios (PAD) contra el oficial y otros 16 suboficiales, entre los que figura uno de la comisaría La Joya por abastecimiento irregular de vehículo. Parte de ellos, además, han sido separados o suspendidos de sus cargos. Sin embargo, habría otros oficiales comprometidos en las averiguaciones de la Inspectoría General PNP.
El órgano especializado del sector Interior también detectó un supuesto direccionamiento para que tres procesos de contratación de software, llevados a cabo por la Dirección de Pensiones de la PNP, sean ganados por una misma empresa, “Termil Cancer EIRL”.
El personal que estaría involucrado son 3 coroneles (dos en retiro y uno en actividad), junto con subalternos del área de administración.
Algo parecido ocurrió en la Región PNP Lima, donde la Inspectoría General del sector Interior fue alertada de procesos de contratación, a cargo de la Oficina de Administración de la Región Policial Lima, en las que se condicionaría el pago de una prebenda para otorgar la buena pro en concursos. El cobro sería de 10% si se trataba de bienes y de 15% por servicios.
El oficial a cargo ha sido removido de su puesto, al igual que sus pares de Abastecimiento y Logística, encontrándose en curso las investigaciones preliminares sobre este caso.
En Chimbote, por otro lado, fueron rastreados por la Inspectoría General del sector Interior cuatro patrulleros que prestaban seguridad y transportaban a los dueños de los grifos “Los Ángeles” y “JEL”.
Los automóviles estaban bajo responsabilidad de 8 suboficiales, sobre quienes pesa una solicitud de prisión efectiva en la Fiscalía Militar Policial y la posibilidad de que el Procurador de Asuntos Jurídicos les formule una denuncia por la vía penal en el Ministerio Público.
Completa la lista de operativos ejecutados el hallazgo de 47 camionetas y 195 motocicletas abandonadas en el almacén La Despensa de Chiclayo.
Muchos de estos vehículos se encontraban inoperativos desde el 2015 y su registro aparece incompleto. El 60% de las motocicletas, dicho sea de paso, habían sido donadas por el Gobierno Regional de Lambayeque entre el 2012 y el 2014.