El alcalde del distrito huancavelicano de Ocoyo, Luis Neira, afirmó que el 99% de la población local está involucrada con el desarrollo de la minería ilegal. “Esto es tierra de nadie”, se lamentó el burgomaestre.
Ocoyo se encuentra situado en la provincia de Huaytará y se ha convertido en el nuevo destino de los mineros ilegales. La localidad se halla a siete horas de viaje de la Panamericana Sur. Si se parte desde Palpa (Ica) se sigue una trocha empedrada que llega a los 3 350 m.s.n.m. para llegar a Ocoyo luego de pasar por las comunidades Pucuri, Carhuacucho, Huachuas y Pallihua.
Desde el pasado mes de diciembre, cada cierto tiempo cien sujetos llegan a Ocoyo para llevarse el oro extraído de la mina Antapite. Quienes llegan a la localidad son observados desde lo alto de los cerros por un grupo de vigías, quienes son “los ojos de los mineros ilegales”, comenta un comunero del lugar.
Todo empezó en el 2000. La empresa Inversiones Mineras del Sur (Inminsur) inició el proyecto de explotación Antapite. Cuatro años después se paralizaron las obras y se dispuso su venta debido a la tensa relación con la población y la disminución de la producción.
Debido a ello, la minería ilegal se inició con gente forastera sin escrúpulos que luego contó con la colaboración de los pobladores. Hoy, Palpa es el punto de procesamiento del oro encontrado producto de la extracción de tierra que realizan los mineros ilegales en Antapite. En promedio se obtienen 100 gramos de oro por tonelada de tierra extraída. El negocio mueve US$ 3 millones mensuales.
Hasta el momento la acción policial y de las autoridades ha sido insuficiente para combatir este flagelo. Basta decir que en junio pasado se sorprendió a un centenar de personas extrayendo oro en Antapite, sin embargo solo se pudo detener a ocho sujetos. Los infractores usan camiones con capacidad para transportar ocho toneladas de tierra.
Fuente: Fernando Alayo Orbegozo. Diario “El Comercio”