El especialista ambiental, César Ipenza, condenó el daño ambiental que viene produciendo la minería ilegal no metálica en la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana, donde ya se ha producido la destrucción de 30 hectáreas de bosque y la pérdida de especies que se vieron obligadas a migrar a otras zonas.
“Se comenta que han sido 30 hectáreas destruidas. La destrucción de estas hectáreas conlleva a la destrucción del bosque y con ella toda la biodiversidad que alberga esta zona. Por esas peculiaridades especiales, esta área fue declarada reserva. Por lo tanto, esta actividad es un atentado contra la biodiversidad y contra el patrimonio de todos los peruanos”, señaló el experto.
Además, destacó que la extracción de arenas y hormigón que se realiza en esta zona ha causado la alteración del cauce del río Huallaga, hecho que provoca la degradación de los suelos y el desborde de ríos.
“La extracción de arenas de ríos en forma excesiva causa la degradación de los lechos. La extracción rebaja el lecho del río, lo que puede resultar en la erosión de las riberas”, indicó el especialista.
Por otro lado, señaló que esta actividad puede producir desventajas en los ingresos económicos de las personas, ya que al perjudicar el estado de las aguas y causar la pérdida de especies de flora y fauna silvestre, se reducen los recursos que forman parte de la subsistencia de la población.
“Al afectar los cuerpos de agua y la biodiversidad, que son elementos fundamentales para los pobladores, se recude la capacidad de generar recursos que benefician a los pueblos y población aledaña”, afirmó Ipenza.
Asimismo, indicó que la minería ilegal no metálica puede desencadenar en otro tipo de actividades ilícitas como la explotación laboral, ya que los mineros ilegales prefieren contratar a menores de edad para pagarles menos dinero por sus largas jornadas de trabajo.
«Esta actividad esta asociada con algunos casos de empleo de menores de edad y delitos agravados porque se realiza dentro de las áreas protegidas, que es patrimonio de la nación», indicó el experto.
Finalmente, señaló que es imposible formalizar este tipo de actividades porque se vienen produciendo en un área natural protegida. Además, destacó que la única medida que se puede implementar para erradicar este problema es fortalecer y potenciar los operativos de interdicción destinados a prohibir la práctica de esta actividad en zonas protegidas por el Estado.
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