El Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS) ha manifestado su preocupación debido a que estamos próximos a concluir la Legislatura y todavía no se ha aprobado ley que reconoce e incorpora en el Plan Integral de Reparaciones (PIR) a las personas que hayan sufrido violencia sexual, distinta de la violación sexual, en sus diversas formas como “esclavitud sexual”, “aborto forzado”, “prostitución forzada”.
Como se sabe, en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS) se encuentra el Consejo de Reparaciones (CR), órgano encargado de la elaboración del Registro Único de Víctimas (RUV). Este organismo tiene el mandato de identificar y certificar a las víctimas de la violencia que aconteció en el Perú durante el período de mayo de 1980 a noviembre de 2000, a fin de que puedan acceder a los beneficios del PIR en virtud de las conclusiones y recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).
En ese sentido, el Consejo de Reparaciones (CR), a raíz de las recomendaciones internacionales, ha venido inscribiendo a las víctimas de “otras formas de violencia sexual” y actualmente están registradas 1,512 personas en el RUV. Ahora bien, se reveló que estas no reciben reparaciones por las afectaciones vividas, motivo por el cual la sociedad civil demanda modificar nuestra legislación para que la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) pueda coordinar y supervisar dichas reparaciones.
Asimismo, estas reparaciones deben ser integrales y especializadas en relación a los impacto de la violencia sexual sufrida, siendo importantes las reparaciones en salud mental, en salud sexual y reproductiva, reparaciones simbólicas, entre otras.
Como se recuerda este Proyecto de Ley N° 719/2011-CR fue aprobado por unanimidad en el Pleno del Congreso el 31 de mayo de 2012, no obstante fue observado por el Poder Ejecutivo el 25 de junio de 2012.
Luego de cuatro años que la iniciativa retornara al Congreso, fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos el 19 de abril último y dictaminada el 11 de mayo, para que el 7 de junio el Consejo Directivo del Parlamento la incluya en el Orden del Día, con lo cual las organizaciones de víctimas esperan que la iniciativa legislativa sea debatida.