Asháninkas y machiguengas presentan demandas al Poder Ejecutivo para incluirlas en el Plan VRAE

Representantes de la Organización Asháninka del Valle del Río Apurímac-OARA decidieron presentar una serie de demandas al gobierno central para que sean incluidas en el Plan VRAE, debido a que no fueron tomadas en cuenta por la Mancomunidad de Municipalidades del VRAE.


«Nos hemos visto en la obligación de acudir directamente a Lima para hacer llegar las demandas de las comunidades nativas, ya que el presidente de la Mancomunidad de Municipalidades del VRAE, Eduardo Urbano Méndez, no las tomó en cuenta», señaló Richard Gonzáles, secretario técnico del OARA.


«Hace poco logramos reunirnos en Lima con funcionarios de los distintos ministerios, logrando una respuesta positiva», sostuvo.
 
Las comunidades nativas del VRAE piden declarar en estado de emergencia a las comunidades nativas para que reciban una atención especial del Estado, pues la invasión de los colonos a sus tierras ha generado problemas de salud, de educación y de identidad.
 
Además, exigen la titulación de sus tierras para protegerlas de la tala ilegal y de la deforestación de los bosques que se utilizan para sembrar coca. También buscan la construcción de dos escuelas en Limatambo y Otari para escolares nativos.
 
Asimismo, solicitarán al Ministerio de Educación que en el marco de la educación intercultural bilingüe se convoque a profesores que tengan nociones de los idiomas nativos.
 
Comisión verá el caso de alumnos discriminados
 
De otro lado, Richard Gonzáles informó que se conformará una comisión en el Ministerio de Educación para que investigue las denuncias de discriminación contra los alumnos del colegio de la comunidad machiguenga de Limatambo.
 
La denuncia señala que profesores nombrados encabezados por su director Alejandro Quispe Saire habrían prohibido a los alumnos a utilizar sus indumentarias oriundas, conocidas como cushmas, bajo la amenaza de impedirles el ingreso a clases.
 
Richard Gonzáles aseguró que las congresistas por Ayacucho y Cusco, Elizabeth León e Hilaria Supa, respectivamente, se encargarán de realizar un seguimiento a sus demandas.