La SIP calificó de «intención de amedrentar y abuso de poder» la demanda criminal por difamación que interpuso Michel Bachelet, presidenta de Chile, en contra de la revista Qué Pasa de su país.
Se reveló que Bachelet se querelló como persona natural contra Qué Pasa, su director y periodistas. Asimismo, la mandataria aseguró que su reputación quedó diezmada por la publicación de declaraciones de una persona que fueron tomadas de escuchas telefónicas, públicas y autorizadas por un juez, en una causa judicial por irregularidades inmobiliarias, en la que se investiga a su nuera y se dice que la Presidenta recibió beneficios.
Por su parte, Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, indicó que «sin dudas esta demanda tiene la intención de amedrentar, por cuanto se busca el encarcelamiento de los periodistas, una acción que nos retrotrae a castigos que en Chile se buscaban contra los periodistas en épocas no democráticas y que han sido descartadas por la jurisprudencia internacional, por ser métodos inhibitorios de la libertad de prensa cuando se trata de funcionarios públicos en temas de interés público».
Además, Paolillo, también director de semanario Búsqueda de Montevideo, Uruguay, dijo que «un presidente democrático, en especial en la tradición chilena, siempre podrá encontrar otros métodos, como la solicitud de dar su versión y, eventualmente, rectificar las informaciones que juzgue inexactas o inadecuadas, en lugar de promover demandas penales. De ese modo, se puede mostrar un mayor equilibrio entre el derecho a la información de los ciudadanos y el deber de la prensa de publicar hechos de interés público».
De igual forma, Paolillo acotó que «en el caso de un presidente no existe la posibilidad de desdoblar su figura pública de la privada, algo que quedó en evidencia con los anuncios y declaraciones de funcionarios del gobierno que argumentaron en público la demanda de la Presidenta. Claramente un abuso de poder».
Cabe mencionar que la revista Qué Pasa retiró de su versión digital parte de la nota que engendró la controversia y pidió disculpas. No obstante, aunque demostró su falta de intención de ofender, la Presidenta interpuso la demanda argumentando que la ofensa permanecía en la versión impresa.