Ante la multa que recibió la empresa minera Xstrata Tintaya por parte del Organismo de Evaluación y Ficalización Ambiental (OEFA), el especialista en temas del medio ambiente, Sandro Chávez, cuestionó la eficacia y la poca viabilidad que tienen estas medidas, ya que pueden ser evadidas fácilmente a través de procesos judiciales.
“Muchas empresas judicializan las multas y no las pagan hasta que termine el juicio, razón por la cual estas sanciones no son efectivas de inmediato. Hay varios casos en los que las sanciones económicas impuestas por la OEFA son judicializadas, en especial por parte de las empresas extractivas. Esto lo hacen con el fin de ganar la multa en el Poder Judicial o alargar el período de pago”, indicó el experto.
Por otro, el biólogo calificó como inaceptable la propuesta de la candidata Keiko Fujimori en la que plantea anular los decretos 1100 y 1105 para oficializar a la pequeña minería y minería artesanal. Asimismo, indicó que esta medida impediría la participación de las fuerzas del Estado para prohibir las actividades de extracción minera en zonas prohibidas.
“La aplicación de este acuerdo es apuntar a no respetar el sistema de interdicción que incluye la intervención de diversos organismos del Estado sobre la minería ilegal en el país, sobre todo en Madre de Dios. Además, derogar el decreto 1100 no permitiría ejecutar la regulación de una serie de químicos utilizados en la actividad minera”, señaló el especialista.
Por otro lado, indicó que la anulación del decreto 1105 dejaría desarmado al Estado para enfrentar esta actividad que es devastadora para el medio ambiente, lo que desencadenaría en el incremento de la ilegalidad en el sector minero. Asimismo, destacó los problemas sociales y ambientales provocados por la minería ilegal que requieren de la intervención del Estado. Estos problemas incluyen la trata de personas, la depredación de la Amazonía y la biodiversidad de los territorios, así como la deforestación de bosques.