En las postrimerías del juicio al ex presidente Alberto Fujimori, el director ejecutivo de la Asociación Pro Derechos Humanos, APRODEH, Miguel Jugo, resaltó la tolerancia con la que la Sala Penal Especial que preside el magistrado César San Martín ha llevado el proceso por los crímenes de lesa humanidad de Barrios Altos y La Cantuta.
En conversación con el programa Diálogo Ciudadano, de INFOREGIÓN, manifestó su aprobación con el trabajo de la sala de justicia que en aproximadamente un año ha recibido 86 testimonios, visualizado videos, escuchado audios y recibido un conjunto bastante grande de pruebas que se actuaron en este proceso.
«Nosotros creemos que la Sala ha mantenido una lógica bastante tolerante con las partes», expresó al recordar que falta más o menos un mes y medio para que se dicte sentencia por los delitos de violación a los derechos humanos.
Agregó que esa actitud ha sorprendido a APRODEH, pues el acusado Fujimori ha tenido opción de hablar y defenderse en numerosas oportunidades dentro del proceso, hecho que no es usual.
«Inclusive él hará una última defensa material para señalar si las cosas por las que está siendo acusado son verdad o no. En esa medida creo que estamos llegando a que ninguna de las partes se pueda quejar de que no ha tenido opción de defenderse, presentar pruebas, etc.», explicó.
Familiares esperan condena ejemplar a Fujimori
Más adelante, Jugo comentó que los familiares de los hechos de lesa humanidad por los que se procesa al ex gobernante tienen la esperanza de que se sentencie de manera ejemplar a Fujimori.
«Esperan que el juicio tenga finalmente como corolario una condena clara y nítida sobre la responsabilidad de Alberto Fujimori sobre los actos que ha cometido», refirió.
Al respecto, precisó que la defensa del procesado comenzará a dar sus alegatos finales a mediados del mes de febrero.
Se justifica condena de 30 años pedida por fiscalía
En otro momento, consideró que los fiscales Peláez Bardales y Guillén han sido muy claros al manifestar las razones por las que Fujimori debe ser condenado a 30 años de prisión, como se ha pedido formalmente.
Sobre el particular, indicó que la parte civil, representada por la doctora Gloria Cano, comenzará a exponer el día lunes los argumentos que complementan lo expresado por los representantes del Ministerio Público.
Finalmente, el defensor de los derechos humanos resaltó que, según recientes sondeos, la población entiende que no se está juzgando a un gobierno si no a un personaje que dirigió un grupo de aniquilamiento.
«Es importante señalar que la población debe entender que no hay personas con una patente de corso para asesinar y que después no les ocurra nada», puntualizó.